Transición energética sí. Destrucción del territorio, no: el caso Son Bonet

Lo que está ocurriendo en Son Bonet no es un trámite técnico ni una decisión administrativa más. Es una prueba moral y colectiva: ¿vamos a permitir que una pieza clave del territorio, expropiada en su día bajo la promesa de un bien mayor, acabe convertida en un polígono industrial disfrazado de transición energética? ¿O vamos a ejercer la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanía y custodios de un bien común?

Son Bonet ha sido durante generaciones un espacio de respiro, un corredor verde y un refugio climático en un municipio cada vez más denso y sobrecalentado. No se trata solo de árboles, caminos o parcelas: hablamos de la memoria de quienes perdieron sus tierras, de la dignidad de un territorio que ha servido en silencio y que ahora vuelve a estar amenazado.

Convertirlo en un campo de placas es ignorar la lógica ecológica, el derecho natural y el sentido común. Es renunciar al suelo fértil que nos alimenta, a la infiltración que nos protege de inundaciones, a la sombra que mitiga el calor extremo, a la biodiversidad que sostiene nuestros ecosistemas y a la salud pública que depende de todos esos factores. Es, en esencia, hipotecar nuestro futuro por una decisión apresurada, mal ubicada y técnicamente discutible.

La transición energética no puede construirse sobre la destrucción del territorio ni sobre decisiones que desoyen a la comunidad.

Mallorca no necesita más megaproyectos en suelo vivo. Necesita planificación, coherencia, renovables bien ubicadas y una política energética que respete la vida de los pueblos y su entorno.

Informes demuestran que hay (y habrá) argumentos técnicos, ambientales, jurídicos y sociales sólidos para detener este proyecto. Pero también hay algo más fuerte que todo eso: la convicción de que el territorio no se negocia cuando lo que está en juego es la salud, la seguridad, la soberanía alimentaria y la dignidad de un pueblo.

Son Bonet no es un espacio vacío.

Es una responsabilidad.

Y defenderlo es defender nuestra manera de vivir, nuestro futuro climático y nuestra integridad como comunidad.

La conclusión es clara: Este proyecto debe paralizarse.

Y la ciudadanía, unida, tiene la fuerza y el derecho para conseguirlo.