El ‘no estatuto’ de García y Sánchez, un peligro para la sanidad pública

La sanidad pública que nos hemos dado es uno de los grandes baluartes de la equidad y la justicia social y uno de los tres pilares fundamentales del estado de bienestar. Pero seamos sinceros, esta sanidad pública tiene más agujeros que un queso gruyer: la Atención Primaria agoniza y ya no es el GPS de la sostenibilidad del sistema, hay un grave déficit de médicos especialistas, el gasto sanitario en el PIB nacional está por debajo de la media europea, el burnout es galopante en médicos jóvenes, las listas de espera son vergonzantes, etc.

El negocio de la sanidad pública es no adecuar sus recursos humanos a la cartera de servicios que oferta; es no planificar el número de médicos necesarios y permitir, durante años, muchos años, que falten sin aportar otra solución que el manido «necesidades del servicio»; es tolerar condiciones laborales que la Inspección de Trabajo jamás permitiría en la empresa privada, y la lista sigue: como imponer dos jornadas obligatorias, una ordinaria y otra de guardia, que ningún otro colectivo soporta, como exigir descansos imposibles, encadenando horas y horas que vulneran cualquier límite razonable y cualquier recomendación europea. Es convertir la conciliación en una palabra vacía, incompatible con una vida familiar normal y con horarios que dan la vuelta al día.

Es ignorar que la formación continuada no es un hobby, sino una obligación legal y un pilar de la seguridad del paciente que el sistema exige, pero no facilita, como sostener un modelo basado en la máxima responsabilidad asistencial, la más alta del sector público, sin protección jurídica ni reconocimiento adecuado.

Es mantener un sistema que presume de universalidad mientras ignora que la verdadera universalidad empieza por garantizar que haya médicos suficientes, descansados y con condiciones dignas; que, sin eso, no hay derecho exigible ni ciudadanía protegida. Es seguir sosteniendo un modelo que se apoya en la sobrecarga crónica de los mismos profesionales, en jornadas que se estiran más allá de lo razonable, en guardias que sustituyen plantilla estructural y que se compran baratas, en la idea de que siempre habrá alguien dispuesto a cubrir un turno más. Es haber convertido la vocación en un recurso inagotable, y la responsabilidad médica en la excusa perfecta para no cambiar nada.

Es normalizar que el déficit de médicos no se corrija, que las listas de espera se disparen, que el cansancio se cronifique y que la solución nunca llegue porque, para el modelo actual, el problema no es un obstáculo: es parte de su funcionamiento. Es mirar hacia otro lado cuando Europa recuerda, una y otra vez, que la planificación del personal sanitario es una obligación de los Estados, no una recomendación decorativa.

Es, en definitiva, sostener una estructura que se tambalea desde dentro, porque se basa en una premisa tan peligrosa como falsa: que siempre habrá un médico dispuesto a sacrificarlo todo para que el sistema siga funcionando. Y ese modelo, simplemente, ya no se sostiene.

Y para los que digan que la huelga va a aumentar las listas de espera, decirles que: las listas de espera nacen de la falta de médicos, que la falta de médicos brota de unas condiciones laborales imposibles, que las condiciones laborales vienen de una planificación que nunca planificó nada y que esa planificación —tan corta, tan torpe, tan miope— solo obedece a un motivo: que durante años se decidió que era más barato mirar hacia otro lado.

Este mes, es el 15 aniversario del recorte del 40% de la paga extra (desde el 2010) a médicos, enfermeros y funcionarios del grupo A1, una decisión compartida por los seudolíderes que han ocupado los gobiernos. Ahora la ministra está ocupada en la intoxicación narrativa del Estatuto, rechazado por todos los sindicatos médicos, los colegios de médicos, los mires y los estudiantes. Reflexiona y deja de mitinear.