La lucha del trabajo social: que nadie quede atrás

Como trabajadora social, siento la responsabilidad humana y profesional de visibilizar las injusticias que vemos cada día y que el sistema no consigue resolver. No para señalar a nadie, sino para poner luz allí donde la oscuridad institucional deja a las familias atrás.

Estos días he conocido a varias madres con hijos que están a punto de quedarse en la calle. Una de ellas me ha dado permiso para compartir su historia: de vida, de valentía y de lucha. Es una madre de tres menores que actualmente vive en una habitación de alquiler con un precio inasumible, donde las cuatro duermen en un espacio mínimo. Aun así, no se rinde: busca ayudas, sigue todas las recomendaciones de los servicios sociales y quiere hacer pública esta situación de injusticia social con la esperanza de encontrar una solución para ella y para las familias que vendrán.

Con los recursos actuales, sin embargo, se topa con un muro. Cuando los servicios del tercer sector intentan derivarla a un centro de acogida para familias, se encuentran con una paradoja incomprensible: no puede acceder al recurso de Palma porque no lleva dos meses empadronada, pero tampoco puede acceder al recurso para personas no empadronadas en Palma porque… está empadronada en Palma. El resultado es tan absurdo como peligroso: queda fuera de todos los circuitos.

Y aquí aparece una segunda contradicción. Incluso si cumpliera el requisito de empadronamiento, los centros de acogida para familias tienen lista de espera. Pero cuando hay menores, «no hay plazas» no es una respuesta. Es una omisión del sistema. Si un recurso está lleno, se crea otro, se buscan alternativas, se dota una partida urgente o se activa un alojamiento temporal. La protección de la infancia no puede depender de un número.

La legislación estatal y autonómica es clara: la pobreza no puede ser motivo de separación de menores ni de inacción institucional. Pero cuando una madre debe elegir entre seguir en una habitación insostenible o vivir en la calle con sus hijos, el sistema está fallando. A todo ello se suma la realidad estructural: el precio de la vivienda. Mallorca es una de las zonas más caras de todo el Estado. Familias trabajadoras, madres solas, jóvenes, personas mayores: todos compiten por alquileres imposibles. Cuando la vivienda se convierte en un bien especulativo, las familias vulnerables desaparecen del mapa. No porque no quieran alquilar, sino porque no pueden pagar ni una habitación.

La vulnerabilidad se multiplica cuando hablamos de mujeres que están en proceso de regularización administrativa. No es una cuestión de origen, sino de derechos. El diseño actual de los recursos las excluye justo cuando más protección necesitan.

Esto no es un caso aislado. Es el resultado de una suma de factores: una ley de vivienda que no garantiza el derecho constitucional, una ley de extranjería que dificulta integrarse y una falta de recursos públicos que obliga al tercer sector a hacer equilibrios imposibles.