Agrupaciones de baterías: ¿el (pen)último desafío del Govern?

Balears ha sido, desde hace siglos, tierra de acogida de diversos pueblos. Desde los primeros habitantes talayóticos hasta los expatriados globales, después de la pandemia. Siempre teniendo como testigos a las cabras salvajes, insaciables, destructoras de jardines plantados por los anteriormente citados. Pero cuando ya nos parecía haberlo visto todo, en cuestión de un lustro han aparecido otro tipo de depredadores: los promotores de enormes agrupaciones de baterías de litio. Quienes las planifican en suelo rústico, a pesar de ser equipamientos de claro sesgo industrial. No por falta de oferta del último, sino por el precio: sale más a cuenta construir en una hectárea de almendros que pujar por una nave en suelo de servicios. A sabiendas de que, con la ocupación útil requerida por las baterías a desarrollar, con el producto hoy a la venta o alquiler en los polígonos baleares habría más que suficiente.

Es la última perversión de los fondos europeos: dedicarlos a eliminar el poco paisaje con personalidad que aún nos queda. Normalmente protegido por la figura de ARIP, «Área Rural de Interés Paisajístico». Es decir, la segunda máxima protección urbanística posible. No obstante, y con la excusa del necesario equilibrio entre demanda y oferta del mercado eléctrico, sociedades peninsulares de capital alemán y escandinavo van prometiendo a alcaldes y alcaldesas de la Part Forana la panacea de una economía diversificada a la del turismo. La de un complemento ideal para futuros polígonos y puestos de trabajo de calidad. Todo ello a costa del sacrificio de las bucólicas vistas. Sin querer poner en duda a nadie: en los Proyectos Básicos presentados ante la Dirección General de Industria del Govern Balear para su clasificación como «Proyecto estratégico» - así se esquiva un estudio de impacto ambiental completo y tan sólo se necesita otro de abreviado - no se hace mención expresa a la masa laboral que se genera. De hecho, se asegura que, tras la inversión inicial, los condensadores pueden controlarse mediante un joystick desde kilómetros de distancia. Tan sólo hará falta una sala con acceso a fibra óptica. Quienes crean que con la instalación masiva de acumuladoras vendrá un nuevo residente altamente cualificado, probablemente se puedan dar una mayúscula sorpresa. Una subcontrata para el mantenimiento podría bastar. Con un detalle no menor: tributariamente y en caso de fructificar la iniciativa, sus respectivos ayuntamientos no se beneficiarían demasiado. Al contrario, los riesgos medioambientales podrían superar a los pocos impuestos que se cobrarían.

Y es que las filtraciones de litio hacia la capa freática donde se instalan las baterías son una posibilidad más que real. Así como su alta inflamabilidad, que tiende a la explosión cuando se mezcla con aire y agua. Por todo ello, su instalación en pleno parque de la Serra de Tramuntana - en el caso del proyecto de Camp de Mar, el más grande de Balears - o al lado de diversas zonas turísticas y habitadas: el antes citado, Alcúdia, Santa Maria del Camí…y los que, al parecer, están por llegar. Todo ello convierte dichas iniciativas en riesgos innecesarios y parecen incoherentes: las administraciones públicas baleares no pueden instar a la ciudadanía y al empresariado a la circularidad - dedicando ambas tiempo, recursos y mucha paciencia – y, a su vez, poner en riesgo el territorio. Por cierto: dictar decretos sobre una utilización razonable del agua y aprobar después los enormes depósitos que requerirán cada una de estas infraestructuras no parece muy lógico.

Hay una última razón para poner en duda la utilidad real de dichas instalaciones: su impacto mediático. Efectivamente, si la prensa sensacionalista de nuestros principales emisores sabe que el Govern autoriza montajes presuntamente contaminantes acústicamente hablando (a la par que potencialmente explosivos) a las puertas de zonas turísticas y residenciales, la campaña de prensa estará servida. Lo más sensato es evitarla con decisiones proteccionistas.

La sociedad civil y empresarial se ha puesto en marcha. Coincidiendo en que sería necesario un posicionamiento claro del Govern en contra de la utilización del suelo rústico protegido —nuestro patrimonio más preciado— para actividades poco acordes con su actividad agrícola.

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