La lucha contra la oferta turística ilegal en Mallorca es solo un discurso

La lucha contra la oferta ilegal forma parte del discurso turístico del Govern y del Consell de Mallorca desde el principio de la legislatura. Es el mantra sagrado que los responsables políticos del ramo repiten en sus comparecencias parlamentarias, en foros con empresarios y profesionales del sector y también en ferias nacionales e internacionales, donde prometen "una guerra sin cuartel" contra esa lacra y le auguran un decrecimiento seguro. Pero, por lo visto, las hostilidades de la Administración para acabar con los infractores carecen del entusiasmo de las palabras.

"Se habla mucho, pero se está haciendo muy poco", denunció en septiembre Gabriel Escarrer. Y esta semana el Consell de Mallorca nos ha proporcionado dos ejemplos más esa pasividad de la que se quejaba el CEO de Meliá y presidente de Exceltur, que a veces raya la negligencia.

Respondiendo a una pregunta del grupo socialista en el Consell, el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha admitido que su departamento dejó caducar en noviembre 52 expedientes sancionadores por no haberlos tramitado en un año desde su incoación, refugiándose en excusas como "la infradotada transferencia" de competencias o la alta rotación de personal. El año pasado se abrieron 179 expedientes de sanción y se resolvieron 78, por un valor de 4 millones de euros en multas. Este año ya se han escapado 52, lo que supone una falta muy grave con los denunciantes, una condescendencia con los infractores intolerable y una bofetada a todos los ciudadanos y a los empresarios que cumplen con la ley, que deberían ser los protegidos.

El segundo ejemplo de pasividad es que, siete meses después de la entrada en vigor del nuevo decreto ley turístico del Govern de Marga Prohens, que permite al Consell llevar a los infractores reincidentes y los casos más graves ante la Fiscalía, la institución insular no ha hecho uso de esa nueva herramienta legal ni una sola vez. La excusa de José Marcial Rodríguez, en esta ocasión, es que prefiere "la negociación a la confrontación", argumento que podría resultar válido si se sustenta en hechos concretos, pero el balance sancionador del año todavía no ha sido presentado.

Así que, cuando les vuelvan a hablar de lucha sin cuartel contra los infractores, sepan que no es más que un mantra político con actuaciones muy tímidas. Y que, por ahora, los que se dedican al alquiler turístico ilegal o comercializan más plazas de las permitidas viven muy tranquilos con la ineficacia del Consell.

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