Interrogantes por despejar sobre el chófer de la presidenta

La contratación de un chófer para la presidenta del Govern, Marga Prohens, es objeto de una investigación judicial por posible prevaricación, acotada en este momento a su jefe de gabinete, Alejandro Jurado, y al joven beneficiario del puesto, unidos ambos por vínculos familiares. Los padres de los dos investigados son primos. «Un parentesco de cuarto grado de consanguinidad», subrayó el portavoz Antoni Costa para rebajar el interés de proximidad en esa Mallorca en que nos conocemos todos, como esgrimía Gabriel Cañellas ante aprietos de su tiempo. El Govern admite que la presidenta sabía de ese parentesco y defiende la legalidad de la contratación. La causa, adelantada por este diario, parte de la querella presentada el pasado septiembre por un funcionario de carrera, un chófer experimentado con más de veinte años de antigüedad, que condujo el coche oficial de José Ramón Bauzá y Francina Armengol, y que fue relegado del Consolat de Prohens tras la incorporación del nuevo fichaje. Según su relato, el proceso fue urdido por Jurado y resultó «ilegal, injusto y arbitrario». La situación le provocó un cuadro ansioso depresivo y acabó pidiendo una excedencia.

El litigio arranca a raíz de una baja en el equipo de conductores de la Presidencia en otoño de 2023. En lugar de buscar alternativa entre los chóferes experimentados de la Comunidad Autónoma por la alta responsabilidad del cometido, se optó por buscar uno de fuera. Alegando que el bolsín estaba agotado, se inició un proceso de selección a través del SOIB, mediante concurso de méritos, en el que se valoraban los títulos profesionales, la experiencia laboral, el conocimiento de catalán y acciones formativas. La resolución también apelaba al artículo 5.3 del Decreto 30/2009 para la selección de personal interino, que permite en el caso de chóferes y secretarios o secretarias personales elegir a cualquier persona de un bolsín, siempre que cumpla los requisitos. Se presentaron en torno a doscientos aspirantes, que para su sorpresa vieron cómo cambiaban las reglas de la resolución original. Se dejó sin efecto el punto que impedía tomar en consideración los méritos no alegados o acreditados documentalmente en el plazo habilitado. Ya no se debían publicar los resultados de la valoración, sino un listado de admitidos y excluidos. Ya no se tenía que notificar la resolución del nombramiento final a las personas seleccionadas, sólo a la elegida. En el caso de que más de una expansión de un lugar de trabajo vacante estuviera ocupado por personas seleccionadas mediante oferta genérica de empleo, ya no se cesaría a la que hubiera obtenido la puntuación más baja, sino a la que determinara la Secretaría General o el órgano competente. La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas y la directora gerente de la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) promovieron administrativamente el proceso en el que también participaron la Dirección General de Función Pública y la Secretaría General, que tenía la última palabra. A las interrogantes sobre las maniobras de este proceso judicializado, se suman las del accidente sufrido por el joven conductor elegido cuando regresaba de dejar a la presidenta en el aeropuerto un día que lloviznaba en la primavera de 2024. Se estampó solo contra una rotonda y, aunque afortunadamente resultó ileso, dejó inservible un Lexus con cinco años de antigüedad que costó 45.000 euros a las arcas públicas. La justicia determinará la limpieza o no del proceso y se conocerán los detalles de un siniestro inexplicablemente silenciado.