Sobre fiscales y educación

Las fiscalías de New York, Virginia y California han sido arrasadas por Trump por haber presentado causas penales contra él y sus amigos. Dos tercios de los fiscales y abogados de las unidades de fraude, corrupción pública y derechos civiles han sido despedidos. Trump nombró fiscal general a Jeanine Pirro, expresentadora de la Fox, quien en su anterior cargo de fiscal difundió la conspiración de que las máquinas de votación estaban trucadas a favor de los demócratas. El infundio dio lugar a que FOX reconociese la mentira e indemnizarse a la empresa propietaria de las máquinas con 787 millones de dólares. Pirro también estaba muy cabreada porque su marido, otro conspiranoico desquiciado, no fuese inicialmente indultado junto con los otros mil seiscientos pirados que asaltaron el Capitolio.

Ante la escasez de abogados (antes de su llegada más de 200 abogados del estado y fiscales de carrera fueron despedidos y miles más renunciaron) contrató a 20 abogados militares conminándoles a presentar las acusaciones ante el tribunal federal, no ante el tribunal superior, porque el primero impone penas más severas. Y les ordenó prescindir de la evaluación de posibles infracciones en materia de registro o incautación.

Más sangrante es Pam Bondi, fiscal general de los EEUU, iluminada que hizo campaña a favor del desquiciado fraude electoral antes referido, despidió a la fiscal federal de Manhattan, hija del exdirector del FBI, James B. Comey, quien investigó los vínculos de Trump con Rusia en las elecciones de 2016. El proceso contra Comey ha sido archivado por el juez. Lindsey Hallygan, tercera en el concurso Miss Colorado 2010 y abogada de seguros de bajo nivel sin ninguna experiencia como fiscal, fue nombrada por Trump tras la negativa y renuncia de tres fiscales de carrera a investigar a la fiscal general de New York, Letitia James, por haber procesado a Trump y sus hijos por fraude inmobiliario. El juez ha desestimado el caso y con suma elegancia ha sentenciado «que el nombramiento de la señora Hallygan constituye un ejercicio ilegal del poder ejecutivo».

La carrera fiscal en EEUU comienza fogueando a los jóvenes fiscales en casos de drogas y armas para adquirir experiencia en juicios. Pero Jason Reding Quiñones, teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea, y actual fiscal federal en el Distrito Sur de Florida, obtuvo malas calificaciones en esa evaluación. El candidato perfecto para que Trump le ordenase procesar al exdirector de Inteligencia Nacional de la administración Obama, James R. Clapper Jr., y al director de la CIA, John Brennan, bajo la teoría de que los demócratas y otros actores del «estado profundo» conspiraron durante años para violar los derechos del empresario mediante una serie de investigaciones federales.

Pero a Trump no le hacen falta fiscales para perseguir «el crimen». Recientemente un grupo de legisladores demócratas, ex militares y agentes de inteligencia, grabaron un vídeo en el que exhortaban a los militares americanos a «no cumplir órdenes ilegales». Trump respondió en su red social: «Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser arrestado y llevado a juicio». Y añadió que el comportamiento se castigaba con la muerte, compartiendo una publicación que proclamaba: «¡Que los cuelguen, George Washington lo haría!». Escalofriante, incluso viniendo de Trump.

Lo que no investigan los fiscales, y les comprendo, es la orden ejecutiva de marzo del aprendiz de dictador de clausurar el Departamento (Ministerio) de Educación. Orden ilegal por cuanto requeriría la aprobación del Congreso y Senado. Por tanto, ha optado por despedazarlo y trasladar las diferentes oficinas a diferentes departamentos (ministerios). Pretende eliminar los 28 mil millones de dólares que se destinan a ayudas para que los estudiantes acaben la universidad; los 15 mil millones de ayudas a alumnos con discapacidad; las ayudas escolares a niños en situación de pobreza y programas extraescolares, y las ayudas para la educación rural. De momento ha despedido a más de dos mil funcionarios de los servicios centrales del departamento de Educación (más de la mitad de la plantilla).

Concluyo, por tanto, que cuando escuchamos proclamas contra la salud democrática española o contra la Fiscalía en comparación con lo relatado es conveniente hacer acopio de dosis elevadas de indulgencia y madurez y dar gracias a nuestra Constitución. España es una democracia sólida y plural, imperfecta como cualquier otra, pero muy superior a la de Trump y sus flagrantes ataques constitucionales. Conviene recordarlo y respirar profundo.