Qué nos están contando

Tras la condena por el Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz para el ejercicio de las funciones de fiscal general, por revelar asuntos reservados que afectaban a un ciudadano que mantiene una relación con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por unos hechos anteriores a la misma, se han levantado las iras justicieras del mundo «progresista». Provoca perplejidad que algunos digan que el resultado de cinco a dos del TS de la condena, todos ellos jueces, es el de un poder judicial de obediencia política al igual que el del Constitucional que sí está formado por políticos (jueces y no jueces) y elegido por ellos en el parlamento. Simplemente, no es así. Los nombramientos de jueces en el TS están acordados por un CGPJ pactado por PSOE y PP aprobado en el parlamento, formado exclusivamente por jueces y presidido por Isabel Perelló, la magistrada encuadrada en Jueces para la democracia. Puestos a calificar a miembros de un tribunal de obediencia política, se constata que los votos particulares de los jueces de la sentencia contra el FGE son los mismos que formaron parte de los votos favorables a la sentencia exculpatoria del TC sobre Chaves y Griñán en el caso de los Eres andaluces. Han venido años aciagos que vuelven ciegos y sectarios a gentes a las que creíamos más amantes de la verdad que de la ideología. Un espejismo. La ideología es la esclavitud de las mentes.

Una de las voces entre nosotros discordantes de la condena, procedente del mundo de la justicia, la del exfiscal Ladislao Roig que, compungido, ha expresado su desolación ante el fallo: «hoy es un día muy triste para el Estado de Derecho». ¿Pero de verdad sabe el ilustre exfiscal en qué consiste el Estado de Derecho? ¿Acaso desconoce que es el sistema político en el que impera la Ley? ¿En el que hay separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Y que son los tribunales los que aplican la Ley? Al revés, hoy es un día de satisfacción porque frente a las acometidas del Gobierno, cuyo presidente sentenciaba como inocente a Álvaro García en una insoportable presión sobre la sala segunda del TS, se ha impuesto el criterio de unos jueces sólo ateniéndose a la Ley. Mucho se ha argumentado la ausencia de pruebas. La realidad es que todos los indicios, entre otros el del borrado de los mensajes del móvil de García Ortiz, apuntaban a su culpabilidad. Pero la prueba más evidente, aparte del informe de la UCO que resaltaba la preeminencia del FGE en la revelación de información reservada, estaba en la nota de prensa dictada por el mismo FGE a la secretaria de prensa, que así lo ha declarado. Qué quieren que les diga, desde que contemplé perplejo el lloriqueo del fiscal del caso Cursach pidiéndole perdón al encausado albergo mis dudas sobre la solvencia profesional de muchos de los funcionarios de este cuerpo estatal.

El exjuez José Castro, el héroe del caso Nóos, el que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, también hizo saber su parecer, faltaría más. En un primer momento optó por la prudencia. Reconoció estar desconcertado por el fallo del TS a la espera de conocer el texto de la sentencia. Pero a continuación pareció emerger del desconcierto, pues con el énfasis con el que suele acompañar sus declaraciones, un énfasis que parece surgir del Dios del Antiguo Testamento, antes de conocer la sentencia, tronó que «esta sentencia es un auténtico disparate en el sentido jurídico, dicho con todos los respetos al TS». Hombre, mucho respeto por el TS no ha demostrado tener. Atribuirse mayor sentido jurídico que Martínez Arrieta, número uno del escalafón, exvocal del CGPJ, el magistrado más joven en acceder al TS, presidente de la sala segunda, profesor de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos; y que Manuel Marchena, ex presidente de la sala segunda, presidente del tribunal que juzgó a los participantes en el procés del uno de octubre, a quien Sánchez ofreció por dos veces la presidencia del CGPJ en 2018 y 2020, me parece a mí muy atrevido y aguerrido por su parte. Qué lástima que un profesional como él, que ha rendido buenos servicios a la ciudadanía, no haya podido trascender a los miasmas de la ideología.

Pero el mayor desbarre proviene del «progresismo». Acatan, pero no comparten, una fórmula con la que sortean el desacato. El ministro López argumenta que no se chupa el dedo. Desde el PSOE se habla de abuso de poder y de ataque de la derecha judicial. Pero los más aguerridos son los comunistas. Desde Sumar hablan de golpe de estado judicial y Yolanda Díaz llama a la ciudadanía a defender la democracia. Habla de soberanía popular precisamente cuando el Gobierno no dispone de mayoría parlamentaria, en el Senado tiene mayoría el PP y ya llevamos tres años sin presupuesto, todo un esperpento. Mónica García afirmó que el fallo es un golpe letal contra la presunción de inocencia, ignorando, es una analfabeta, que la presunción de inocencia es un estadio previo a una condena o a una declaración de inocencia. El portavoz de Podemos califica directamente a los jueces de fascistas. El mundo al revés. La democracia no es el imperio del Gobierno, ni siquiera el imperio del parlamento, es el imperio de la Ley y la Ley la aplican los jueces, no el presidente del Gobierno. Ese presidente sin escrúpulos que, siendo secretario general del PSOE en 2015, se comprometió «se lo repito cinco veces o si quiere veinte que no pactaré con Bildu»; y El Español reveló el domingo que se reunió con Otegi para pactar la moción de censura que le hizo presidente en mayo de 2018, como figura en los audios incautados a Koldo García, esa anécdota. Que desde el PSOE se hable de abuso de poder de los jueces cuando por medio del presidente del Gobierno se ha colonizado todo el Estado y que sólo los jueces permanecen ajenos a su poder omnímodo es todo un sarcasmo. Lo descorazonador ha sido la torpe reacción de la derecha y del PP. En vez de responder con serenidad y circunspección a la sentencia, lo han hecho algunos proclamando de forma exultante y con aspavientos su victoria, sin darse cuenta que estaban abonando la falsa interpretación de la izquierda de la sentencia como un golpe de las derechas judiciales, un tiro al pie. Vivimos el drama de que al sectarismo de la izquierda se le opone una derecha que en los momentos delicados no parece entender el valor de la templanza. Que no se trata de avivar el fuego señores, sino de dar luz.

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