Contra la violencia machista, compromiso real y recursos efectivos

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una jornada de memoria y denuncia, pero sobre todo debería ser un recordatorio de que la lucha contra la violencia machista no puede quedar reducida a consignas vacías ni a gestos simbólicos. Se trata de una batalla cotidiana, que requiere recursos, responsabilidad y una coordinación e implicación real de todas las instituciones.

La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas: física, psicológica, económica, sexual o vicaria. Todas tienen un mismo origen: la desigualdad y la falsa idea de superioridad de unos hombres sobre unas mujeres. Esta raíz es incompatible con una sociedad que se quiera libre y democrática, y por ello el combate contra esta lacra debe ser una causa común, compartida por todos, al margen de banderas ideológicas.

Recientemente se ha aprobado un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que incluye 462 medidas, como la tipificación de las violencias económica y digital, el refuerzo de la protección de los menores víctimas de violencia vicaria o la mejora de la atención judicial a las víctimas. Sobre el papel, es un paso adelante. Pero la experiencia obliga a ser escépticos: los pactos y las leyes son solo palabras si no se acompañan de medios suficientes y de una aplicación rigurosa.

Y aquí es donde se hace más evidente la hipocresía de aquellos partidos que, durante años, han convertido la defensa de las mujeres en una bandera partidista, pero cuyas políticas han acabado haciendo más mal que bien. La prueba más dolorosa es la ley del «solo sí es sí». Un texto presentado como un gran avance feminista, que en su aplicación práctica abrió la puerta a más de 1.300 rebajas de condena y cerca de 130 excarcelaciones de delincuentes sexuales. Una aberración que ha supuesto la humillación y la revictimización de centenares de mujeres, que han visto cómo sus agresores se beneficiaban de un error legislativo previsto y advertido, pero ignorado por quienes preferían el rédito político a la eficacia legal.

Lo mismo puede decirse de los dispositivos de protección. Las pulseras antimaltrato, que debían ser una herramienta clave de seguridad, han fallado en demasiadas ocasiones, dejando a víctimas expuestas y desprotegidas. Cuando un instrumento de protección falla, no se trata solo de un error técnico: es una traición institucional a mujeres que ya viven con el miedo y el riesgo diarios.

Estas negligencias demuestran que la causa de las mujeres ha sido utilizada como un instrumento propagandístico por parte de algunos sectores de la izquierda. Con discursos grandilocuentes se ha querido exhibir compromiso, pero los resultados reales han sido nefastos. La incoherencia es flagrante: mientras se proclamaba una defensa acérrima del feminismo, se cometían errores que han debilitado la protección efectiva de las víctimas y que han puesto en libertad a agresores sexuales.

La lucha contra la violencia machista no puede ser patrimonio de ninguna ideología. Tiene que ser un compromiso compartido por toda la sociedad y por todas las fuerzas políticas. Lo que necesitan las víctimas no son proclamas, sino más efectivos policiales formados y disponibles, nuevos juzgados especializados para reducir la saturación actual, criterios de riesgo más amplios para conceder órdenes de protección y, sobre todo, la garantía de que las herramientas de seguridad funcionen con fiabilidad absoluta.

El 25N no puede ser un día más de discursos vacíos. Tiene que ser una llamada contundente a poner fin a la improvisación y la negligencia. Si de verdad se quiere erradicar la violencia contra las mujeres, hay que asumir que se debe trabajar con rigor, valentía y responsabilidad. Las víctimas no pueden ser utilizadas para hacer política barata ni para reforzar proyectos ideológicos. Lo que exigen es seguridad, dignidad y justicia.

Solo con un compromiso honesto, transversal y real se podrá garantizar que ninguna mujer vuelva a sentirse sola, y que su protección esté, definitivamente, por encima de la retórica y de la hipocresía política.