Opinión | Tribuna
Fernando Toll-Messía
Cómo estamos respecto de la media europea

La bandera de la Unión Europea en el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. / EFE
Más allá los lobistas, pesimistas y amarguras, España va bien, aunque coexista con problemas muy serios. En términos macroeconómicos destacamos en 15, perdemos en siete y empatamos en seis indicadores básicos de los 29 analizados por Eurostat, oficina estadística de los 27 de la Unión Europea.
Destacamos en incremento del PIB puesto que a junio de 2025 cuadruplicamos la media de la UE (0,8/ 0,2), una diferencia muy significativa y constante desde el tercer trimestre de 2023; en toneladas de emisiones de CO2 y metano per cápita estamos un 27% por debajo de la media (1,51/1,99); un cuatro por ciento mejor en la calidad del aire; nuestra producción industrial ha caído nueve veces menos que la media europea (0,1/1); el sentimiento económico país es del 104,7 frente al 95,5 europeo; en bancarrotas declaradas judicialmente en Europa han crecido de media en un 1,7 %, mientras que en España han disminuido un 8,3 % desde enero de 2025; el registro de creación de empresas industriales, servicios y construcción españolas ha crecido desde enero de 2025 un 27,6 % mientras el de la UE un pírrico 4,6%; nuestra producción eléctrica de renovables es siete puntos superior a la europea; el importe de los bienes de comercio minorista -en euros deflactados- se mantiene sensiblemente más alto que el europeo desde marzo de 2022; la media de desempleados que acceden a un puesto de trabajo de la UE es cuatro puntos superior a la media manteniendo una tendencia positiva desde el tercer trimestre de 2024; lo mismo sucede con los datos estacionales de crecimiento de población activa, un punto superiores al resto europeo, mientras los empleos vacantes son 2,6 veces menor que el resto de la UE. Por último, el cociente entre el superávit y déficit público sobre el PIB es tres veces superior al europeo.
Los malos: tenemos un 43% más de desempleo; una inflación del tres por ciento frente a la media europea del 2,6%; la deuda pública es un veinte por ciento superior; los desempleados, subempleados o quienes buscan trabajo son un 62% más; exportamos la mitad e importamos el doble. Pero lo significativo es que el precio de la vivienda, que hasta el segundo trimestre de 2023 no destacaba haya subido exponencialmente hasta situarse en septiembre de 2025 en un doce por ciento sobre el promedio.
Los datos negativos son los de siempre: un paro estructural muy alto y más importaciones que exportaciones, características de un país de servicios; nuestra inflación desde 2022 hasta 2024 ha sido muy inferior al resto de Europa, pero hemos empeorado desde julio de 2025. El grave problema del país es la vivienda porque los incrementos del precio de doble dígito a fecha de junio del 2025 doblan la media europea, y generan enormes desigualdades. El precio medio del alquiler por metro cuadrado es de 14,5 euros - en Balears de 19,1 (1.528 euros por 80 m2)- de tal forma que coarta cualquier proyecto vital y evidencia la incapacidad crónica de las administraciones públicas.
No se trata de repartir culpas, sino de focalizar en las desigualdades: el País Vasco tiene una vivienda construida protegida por cada 1.400 habitantes, Madrid una por cada 1.900, Navarra por cada 2.700 habitantes -en Balears no he encontrado datos- y la última es Galicia con una por cada 26.000 habitantes. La ordinalidad evidencia la relación PIB/vivienda pública y se infiere que a mayor riqueza de las CC AA, más vivienda pública construida. Constitucionalmente (art. 47) es un derecho para el ciudadano y una obligación para los poderes públicos promover su construcción, pero el incumplimiento es manifiesto.
Se advierten paradojas y agravantes; la primera consiste en que algunos pretenden expulsar a aquéllos que las construyen y de quienes nos hemos aprovechado mediante salarios inferiores a la media; los segundos se evidencian por la enorme desigualdad de rentas entre clases sociales (término espantoso) y por el áspero lenguaje que sus señorías han normalizado imposibilitando cualquier acuerdo que catalice el mandato constitucional citado. Y ya sabemos quién gana en esa ecuación. Esta vez no es Trump.
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