Crimen organizado

La reciente operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Balears revela una alarmante escalada en la criminalidad del archipiélago.

El operativo, bautizado como «Enroque Bal/Manso», se ha saldado con 76 detenciones y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros en efectivo.

Cuando en julio los investigadores capturaron en Valencia un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión, procedente de Ibiza, pensé que era una ruta muy extraña. Normalmente la droga entra y no sale de la pitiusa mayor; también la cantidad era extraordinaria.

Ignorábamos que Policía y Guardia Civil llevaban más de dos años detrás de una poderosa y peligrosa red. Desmantelar una organización tan grande no es flor de un día. Caben meses de pacientes seguimientos, interminables pinchazos telefónicos y escuchas en domicilios y vehículos. En este caso los presuntos narcos empleaban estrictas medidas de seguridad y de contravigilancia: llegaron a colocar balizas («chicharras») en los coches de los agentes.

La trama también se infiltró en el seno de la Policía (hay un inspector encarcelado) y lo intentó en la prensa y la política. Buscaban información sobre posibles pesquisas sobre ellos. La información es poder.

El veterano, prudente y eficaz, magistrado Antoni Garcías Sansaloni está instruyendo la complejísima causa. Hay varias decenas de sospechosos en prisión preventiva, con el aluvión de recursos y el minucioso control que eso conlleva. La macrocausa va a coincidir con la inminente reforma de los juzgados de Vía Alemania, profundos cambios que no ayudarán a agilizarla.

Garcías ha tenido que dictar numerosos autos para ordenar las escuchas, registros y detenciones. Varias decenas de abogados defensores van a desplegar todo su arte para anular las pesquisas, conseguir la libertad de los investigados y, más adelante, buscar algún pacto con la fiscalía que minimice los daños. No va a ser una instrucción fácil.

El exjefe superior de Policía de Balears, Elicio Amez, me confesó hace unos años su principal temor: que las mafias extranjeras se asentaran aquí. Primero hacen actividades poco llamativas, como regentar clubes de alterne, menudeo de drogas o bandas de moteros. Con el tiempo pasan a delitos mayores. «Hay que vigilar y extirpar de raíz», me dijo.

Esa cirugía se ha practicado ahora. Antaño los cuerpos policiales rivalizaban por las operaciones y hasta se obstaculizaban en sus acciones. Los piques por perseguir a confidentes del «cuerpo hermano» incluso llegaron a contaminar sumarios.

La banda desmantelada trabajaba al unísono con la mafia albanesa que, supuestamente, traía la droga hasta Ibiza desde Suramérica y el Norte de África. Cocaína y hachís eran transportados luego a la Península y a Mallorca.

Uno de los méritos de «Enroque Bal/Manso» ha sido neutralizar a los vendedores al por menor. Cabe resaltar la resiliencia de estos clanes: son desmantelados y resucitan a los pocos días.

La fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán, define a estructuras iguales a la desarticulada como «crimen por servicio», «empresas» que trabajan para varias organizaciones.

Otro indicativo de la gravedad son las numerosas pistolas incautadas. También se sospecha que la banda traficó con armas de guerra, los mortales Ak-47.

En otras partes de España, especialmente Andalucía, Madrid y Catalunya, el crimen organizado ha arraigado. Proliferan asesinatos por ajustes de cuentas, vuelcos (robos de alijos por grupos rivales) y homicidios de policías y guardia civiles en actos de servicio. No queremos eso para nosotros.

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