Esperanza para el Real Club Náutico de Palma y algo más

Tras años de incertidumbre y un pleito de alto voltaje, todo apunta que el Real Club Náutico de Palma (RCNP) seguirá anclado al puerto. La concesión de la entidad, fundada a finales de los años cuarenta del siglo pasado y promotora de regatas de gran solera, como la Copa del Rey de vela, el trofeo SAR Princesa Sofía, el PalmaVela o el Trofeo Ciutat de Palma, venció en diciembre de 2022. Las alarmas se encendieron cuando un año antes, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) le comunicó que no renovaría, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado que calificaba el título como contrato de gestión de servicio y no como concesión demanial. La distinción, altamente técnica, abrió una intensa batalla jurídica, que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha resuelto en favor del club reconociendo su derecho a la prórroga. Según ha avanzado el presidente de la APB, Javier Sáez, así quedará porque no se recurrirá al Supremo.

Aunque tiene su singularidad, este litigio se enmarca en un contexto de pugna entre dos visiones en torno a las concesiones portuarias que operan en dominio público marítimo terrestre. Desde la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) reivindican que su modelo es social, sin ánimo de lucro, que ofrecen formación deportiva, escuelas de vela y piragüismo, acceso al mar a residentes… Reclaman que toda esta labor sea reconocida y tenida en cuenta a la hora de fijar los pliegos de condiciones. Sin embargo, la normativa de puertos ha ido aplicando criterios más orientados al apartado económico. La APB, entre las más rentables de España, pone en valor que los fondos que recauda también sirven para sostener y renovar espacios colectivos bajo su tutela, como se ha visto en la reforma del Paseo Marítimo de Palma, una inversión que ronda los 50 millones de euros y que ha permitido reducir el asfalto, ganar verde y espacios más seguros para los peatones y las bicis

Los clubes tradicionales denuncian que los nuevos modelos de gestión priman la dimensión comercial sobre la función deportiva y social y los aboca a la extinción porque no pueden competir frente a grandes mercantiles. Los litigios se han sucedido en diversos enclaves de las islas. Además de reivindicar un cambio de planteamiento en las concesiones para que la náutica recreativa no se vea desplazada por grandes embarcaciones, la ACBN denuncia graves incumplimientos de los nuevos concesionarios y exige más contundencia inspectora y sancionadora. Los clubes históricos también reclaman plazos más largos en sus concesiones para lograr estabilidad y poder acometer inversiones. Es uno de los puntos recogidos en la proposición de ley conjunta de PP y Vox para modificar la ley de puertos autonómicos, que la izquierda rechaza porque considera que ampliar las concesiones de 30 a 50 años limita la capacidad de gobiernos de varias generaciones para actuar sobre el uso del dominio público marítimo, un espacio altamente sensible y sometido a gran presión económica. El debate político abre la oportunidad de trabajar en un marco legal que garantice una relación equilibrada entre el negocio y la labor social y deportiva en torno a unas concesiones portuarias que forman parte de nuestra identidad, que no pueden ser pasto de la creciente gentrificación del mar. El ordenamiento también ha de preservar el potencial de la competencia pública para defender el interés general frente a prácticas abusivas y garantizar mecanismos de control y transparencia en la gestión.