Una pretensión ilegítima

La decisión de Junts per Catalunya de oficializar la retirada de su apoyo al Gobierno y dar por cerrada cualquier vía de diálogo marca un punto de inflexión en la legislatura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido definitivamente la mayoría parlamentaria que le había permitido, aunque fuese de forma precaria, sostenerse desde la investidura, y se adentra en una fase de parálisis institucional que convierte en entelequia el deseo del presidente de agotar la legislatura.

La retirada del apoyo de Junts ha ido acompañada del anuncio de la presentación de enmiendas a la totalidad a proyectos clave del Gobierno, bloqueando así la capacidad del Ejecutivo para hacer prosperar su agenda política. Y su primer efecto será la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, instrumento esencial de cualquier gobierno. Sin los siete votos de Junts, su aprobación es inviable. Por más que el presidente insista ahora en presentarlos (ya con retraso y sin apoyos reales), su margen de negociación se ha agotado. Lo que debió impulsarse cuando aún existía espacio para el acuerdo se ha convertido hoy en un ejercicio puramente retórico.

A medio y largo plazo, las consecuencias de la decisión de Junts son más profundas. Sin mayoría parlamentaria, cada Consejo de Ministros se convertirá en un ritual político sin efectos reales. Los martes seguirán aprobándose planes, medidas o proyectos que carecerán de recorrido. Serán brindis al sol: decisiones sin traducción parlamentaria ni capacidad de implementación efectiva. Porque ni siquiera le queda ya al Gobierno el recurso al decreto ley, del que tanto ha abusado y que tanto le ha funcionado como instrumento de emergencia ante la falta de acuerdos estables. Sin una mayoría que garantice su convalidación en el Congreso, pierde también esa vía de actuación.

Sin presupuestos, sin capacidad para desarrollar su agenda legislativa ni para implementar sus planes de gobierno y sin recurso ya al decreto ley, el Gobierno se ve abocado a una parálisis sin precedentes y privado de la capacidad de ejercer su función, que es gobernar. En tales circunstancias, querer mantenerse en el poder hasta 2027 no solo es una irresponsabilidad política, sino una pretensión ilegítima. En el sistema parlamentario, el Gobierno necesita permanentemente de una mayoría parlamentaria; no le basta con haber sido investido, pues eso no le otorga carta blanca. Es cierto que, formalmente, solo una moción de censura puede desalojarlo del poder, pero cuando sabe con certeza que carece de apoyos, la pulcritud democrática exige o someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. No hacerlo es una distorsión del principio representativo que da sentido y legitimidad al poder ejecutivo, convirtiendo su permanencia en el poder en una forma de usurpación política, aunque no haya quebrantamiento jurídico.

Suscríbete para seguir leyendo