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Opinión | tribuna

Emilio Domínguez del Valle

Balears deteriorará su principal motor económico

El Govern balear se encuentra tramitando un proyecto de Decreto por el cual se regulan los servicios de taxi y de VTC en las islas, que de no modificarse deteriorará su motor económico.

La escasez de servicios en la Comunidad es evidente, pues el Govern ha congelado el número de vehículos. Como ya señaló J.B. Say, la reducción de oferta genera escasez y encarece el servicio. Al tener tarifa fija, los taxis sufrirán falta de disponibilidad, perjudicando a los usuarios con más esperas o renuncias, y afectando también a las VTC.

La hiperregulación impide adaptar estos servicios a las necesidades de millones de usuarios. La escasa oferta de transporte y el auge de la demanda amenazan la movilidad, sobre todo en temporada turística, base del 45,5% del PIB balear (Exceltur). Pese a ello, crece la turismofobia: tres cuartas partes ven «demasiados» turistas, aunque el 86% reconoce su aporte a la riqueza y el 73,8% al empleo.

Las autoridades autonómicas no deben ceder a la presión en la calle de lobbies como los taxistas, sino analizar el problema técnicamente. Si lo hacen, se perjudicarán a sí mismas, olvidando -como advirtió Adam Smith- que el doctrinario no puede organizar la sociedad como piezas de ajedrez, pues cada individuo tiene su propio impulso.

Por tanto, caer en estos errores para buscar el mito de la «arcadia feliz», es anacrónico en nuestra sociedad global y acaba siempre en ruina. Dejarse llevar por los sentimientos y el populismo rara vez es compatible con la generación de riqueza a través de un crecimiento sostenible.

Parece lógico, pues, que la regulación óptima de estos segmentos de la movilidad sea polémica y que el Govern evalúe seriamente las consecuencias económicas y sociales de cómo regular equilibradamente estas actividades para conjugar todos los intereses en conflicto. Congelar o limitar la oferta de estos servicios no va a resolver el problema real de movilidad de las islas, ni tampoco establecer rigideces en su prestación va a favorecerlo.

Así, introducir el fatal control de precios para las VTC, en vez de flexibilizar las tarifas de los taxis fijando tarifas dinámicas, o, al menos, corredores de precios que se ajusten a la realidad de la oferta y la demanda, o, la negativa del Govern a implementar medidas tales como el precio por plaza (carpooling) y no favorecer el principio de «mismo mercado, mismas reglas» para taxis y VTC, producirán una degradación del actual servicio, lo que ahonda en las carencias que ya se han expuesto.

Además, dificultar la realización de tráficos urbanos a las VTC resulta contrario a la eficiencia en la asignación de los recursos disponibles y la obtención del máximo rendimiento de estos, amén de no compatibilizarlo con la libertad de elección de los usuarios.

La regulación del Govern también bloqueará indirectamente el servicio interurbano, pues exige una autorización urbana previa sujeta al criterio de cada ayuntamiento. Esto es grave donde la alta demanda interurbana —aeropuertos, puertos, etc.— no depende del municipio de origen.

Todo un desastre de hiperregulación que la efectúa el Govern, que llega a extremos tan contrarios a una economía moderna como la de limitar las concesiones de nuevos vehículos a sólo tres autorizaciones urbanas de VTC por titular y municipio, una vuelta sorprendente a la época de los gremios medievales que impedían el crecimiento empresarial hasta la llegada de los precursores de la empresa moderna como Richard Arkwright o Robert Owen.

En definitiva, Balears tendría que revisar esta normativa, pues no puede permitirse una movilidad encorsetada en rigideces del pasado que han demostrado no ser funcionales. Sólo una regulación abierta, flexible y equilibrada garantizará un transporte eficaz para residentes y turistas. De lo contrario, se condena al archipiélago a la ineficiencia y a un deterioro de su principal motor económico.

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