Demografía y productividad

Es sabido que el Estado de bienestar entra en crisis en Europa de la mano del envejecimiento demográfico y del estancamiento de la productividad. El primer factor incide en el numerador de las necesidades de gasto social, ya que este choque demográfico se produce por la disminución de la fecundidad, y no solo por el aumento de la esperanza de vida. Y aunque la demografía se recupera en algunos países por el lado de la inmigración, ello no asegura a medio plazo la sostenibilidad del gasto social al no resolver el segundo de los factores: el elemento propulsor del PIB, la productividad. Crece la renta global, pero no la renta per cápita, añadiendo nuevas tensiones a las necesidades de una sociedad que se quiera cohesionada. Ni las pensiones como salario diferido, ni el coste beneficio entre impuestos y prestaciones de los nuevos entrantes en el sistema de protección social, resuelven hoy el desequilibrio financiero de nuestro gasto social.

Aumentar volumen de la economía sobre la base de un modelo productivo que se alimenta de una ocupación con baja productividad empeora, y no mejora, los indicadores de bienestar y progreso social; claro está, siempre que no atribuyamos un valor extrínseco a la solidaridad internacional, como forma de suicidio si se ejerce por parte de un solo país.

Por ello, hace tiempo, algunos países, nórdicos en particular, están abandonando las fórmulas redistributivas típicas del Estado del bienestar, que son más caras en el presupuesto público, para acogerse a formas de predistribución. Se trata de que, a través de una determinada regulación previa a la distribución, el mercado asigne los recursos, de entrada, con menor desigualdad. De modo que sean también las empresas las que soporten en parte los costes de corregir la distribución, sobre todo para buscar su mejor gestión, que no por su eficiencia en precios, a la vista de su posible traslado al consumidor final. Ello incluiría aspectos tales como los relativos a la jornada laboral, los salarios mínimos, la aceptación de la compresión de la distribución salarial y de la disminución de las primas pagadas por formación. Asimismo, incluiría la regulación de la conciliación laboral y familiar, la contribución a la gestión de bajas ocupacionales, de complementos empresariales de pensiones, de formación profesional, o incluso de coberturas sanitarias adicionales.

Cambio de tradición

Nada de toda esta compresión es gratuito, ya que afecta a la innovación, a los incentivos al trabajo por la fiscalidad con la que se asocia, ya que no en vano los países menos globalizados suelen ser los más iguales, aunque en este caso a menudo iguales en la pobreza. Pero en el otro extremo, los países que sobreprecian el talento, la suerte y la formación se muestran como los más desiguales, polarizados, aunque con mejores índices de innovación y crecimiento económico. Se trata, en todo caso, de decisiones muy contextuales y enraizadas en valores culturales; por ejemplo, en el prestigio del enriquecimiento o en la aceptación de la desigualdad. Observamos aquí un cambio en la tradición europea del Estado del bienestar, con la irrupción de generaciones para las que la ganancia rápida es vista como inteligencia y no especulación, y mostrando una escasa disposición para contribuir a causas comunes. Además, la desresponsabilización con el devenir del Estado del bienestar y el valor de la solidaridad interna de país tiene que ver con el tamaño de los Estados (más tamaño, menos compromiso), y de la fortuna de algunos de ellos de contar con recursos naturales, los nuevos minerales, de modo privilegiado.

Si esto es lo que está aconteciendo por el lado de la oferta y la demanda de servicios vinculados al estado del bienestar, cabe añadir lo que supone el coste creciente de la provisión de dichos servicios. Servicios intensivos de mano de obra (cultura, educación, sanidad, servicios sociales), de difícil substitución por las nuevas tecnologías (más bien se mueven en paralelo) y que crecen en coste unitario por su relación entre calidad asistencial y eficiencia productiva. De esta manera el gasto, en estas prestaciones, aumenta por encima del crecimiento de la renta del país. Ante ello, una menor disposición a pagar más impuestos en marcos de competitividad empresarial, las prestaciones sociales quedan cuestionadas. La solidaridad se debilita (se acepta más para el vecino que para el desconocido o recién llegado), lo que ahonda en el cuestionamiento del gasto social tal como hoy lo conocemos.

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