De Núria Riera a Vox, comportamientos por clarificar

El caso Núria Riera y las cuentas de Vox ponen esta semana el foco en las argucias de representantes públicos en el manejo del dinero de todos para engrasar el interés propio. En ambos casos hay mucho por clarificar. El Govern ha cerrado en falso la investigación abierta a la veterana política del PP por absentismo laboral. El asunto ha quedado en mera amonestación disciplinaria por prescripción del grueso de causa al haber transcurrido más de seis meses y el reconocimiento de que hay que cambiar los protocolos para que no vuelva a pasar. Los protocolos y la campana de la prescripción, una vez más como vía de escape. Riera tensó la normativa de incompatibilidades al compaginar su jornada a tiempo completo, nada menos que como jefa del servicio de Gestión de Personal laboral y Acción Social de la Comunidad Autónoma, con el 75% de dedicación en el Consell, donde ejerce de portavoz del grupo popular. Por esas supuestas catorce horas diarias de trabajo percibe casi 130.000 euros de las arcas públicas, más que el presidente del Gobierno. Como miembro de una corporación local, Riera puede fijar el porcentaje de su dedicación y ausentarse de su puesto de funcionaria para ejercer la tarea política, pero con limitaciones y avisando en tiempo y forma, cosa que no hizo. Aunque la asistencia a tertulias políticas no se considera «deber inexcusable de carácter público» para autorizar un permiso laboral, Riera los obtuvo en varias ocasiones, según recoge el expediente sancionador, sin mencionar quién los otorgó incurriendo en un ilícito legal. Otras veces, ni tan si quiera pidió permiso o lo solicitó minutos antes de partir, sin dar tiempo a una respuesta, y tampoco registró ni la salida ni el retorno a su puesto de trabajo como exige la normativa. Cabe preguntarse si alguien con este comportamiento tan poco ejemplar puede ser la responsable de la gestión del personal laboral de la Comunidad Autónoma y la portavoz popular en el Consell.

Otro comportamiento que compromete dinero público y exige clarificación es el de Vox, tras la bomba de Idoia Ribas. La ex portavoz parlamentaria de la ultraderecha denunció este jueves el desvío de «ingentes cantidades de dinero» de la asignación que recibe el grupo para su funcionamiento en la Cámara balear a las cuentas del partido en Madrid y de ahí a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. Ribas dijo haber recibido presiones en su etapa de portavoz para entregar el 10%, algo a lo que se negó, y ahora, con Manuela Cañadas al frente, asegura que se transfiere el 50%, la mitad de lo recibido. En su comparecencia ante los medios estuvo acompañada por Agustín Buades y Maitane Medrano, los otros dos ‘díscolos’ que como ella se han pasado al Grupo Mixto. Llegó a calificar el entramado de “estafa piramidal con estructura de secta”. Su denuncia, que persiste en irregularidades aireadas con anterioridad sin efecto alguno, solo tiene dos salidas: o Vox se querella contra Ribas o se abre una investigación a Vox. La gravedad de lo expuesto, que apunta a una financiación poco ortodoxa y a una posible malversación, impone una actuación de oficio por parte de la Justicia y, desde luego, una investigación en el seno del Parlament. Otra ‘patata caliente’ para su presidente, Gabriel Le Senne, adscrito a Vox y pendiente del juicio por delito de odio, y también para el Govern de Prohens, sostenido por sus votos.