La insoportable impunidad de la oferta ilegal

El acuerdo alcanzado por el Consell de Mallorca con la plataforma de alquiler turístico Airbnb para que, a partir de octubre, elimine todos los anuncios sin licencia, sería una buena medida si sirviera para acabar con la oferta ilegal de Mallorca. Pero desgraciadamente no es así.

Muchas localidades de veraneo de la isla agotan su oferta de viviendas en julio y agosto dedicándolas al alquiler turístico y sin poner un solo anuncio, solo con el boca a boca, con clientes extranjeros, pero también con residentes que repiten cada año y pagan hasta 3.000 euros por dos semanas de alojamiento, como un hotel de cuatro estrellas pero sin ningún lujo. No hay anuncios, no hay licencias, no hay inspección, no hay sanciones. Pero sí mucha impunidad y efectos devastadores sobre el precio de la vivienda y la oferta de alquiler convencional, engullida por los rentables arrendamientos de corta duración.

Luego está la oferta ilegal anunciada a los cuatro vientos que usurpa licencias de otros negocios y añade al alquiler turístico la celebración de todo tipo de fiestas y eventos masivos, de la que ha dado cuenta este diario durante la última semana con profusión de detalles, gracias a las informaciones de la periodista Myriam B. Moneo.

Con al menos 19 casas y más de 300 plazas ilegales, la rentabilidad industrial del negocio que dirige un pirata del alojamiento ilegal es tan elevada que se permite el lujo de pagar las multas que le impone la administración sin inmutarse, para inmediatamente seguir operando exactamente igual, con otra sociedad, la misma oferta e idéntica impunidad.

Mientras tanto, sus víctimas, los vecinos, desesperan ante los ruidos insoportables de las celebraciones nocturnas que organiza, presentando una denuncia tras otra ante la Policía, ante el ayuntamiento de turno, ante el Consell de Mallorca y ante el Govern. Ni caso. Algunos de estos vecinos, con la vida destrozada, incluso se plantean vender las casas en las que residen por no poder aguantar más las molestias de los alquileres turístico del gran pirata, mientras otros callan y prefieren no denunciar ante la impunidad de la que parece que gozar el personaje.

Quienes han luchado en soledad y durante largos años contra el ruido nos dan una posible solución. Cambiar de estrategia y denunciar directamente por prevaricación a las administraciones que no actúan, que no tramitan los montones de denuncias presentadas, que no ordenan cierres cautelares, que no protegen, en definitiva, los derechos de las víctimas. Supone un esfuerzo todavía mayor. Pero ya hay sentencias a favor contundentes y muy significativas.

Suscríbete para seguir leyendo