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Opinión

La credibilidad de las políticas públicas

Hay que pactar mandatos para dar estabilidad los cuadros directivos de la Administración, y autonomía de gestión para aquellos que asuman el riesgo y se responsabilicen de sus actuaciones

Es común en el sector público que los profesionales que trabajan para las administraciones sientan que las instituciones les pertenecen. Esta percepción la tienen, a menudo, por el dominio del conocimiento que practican, desde la asimetría de información, y que les permite precisar la demanda de los ciudadanos (funcionarios de servicios generales) o la capacitación de los proveedores (cuando no hay una demanda, sino la expresión de una necesidad a tratar, como pasa en la educación o la sanidad). Por tanto, la idea de dominio de la actividad, por extensión, alcanza la de la organización en que trabajan, reforzada por los lugares estatutarios permanentes que disfrutan. Ejercen un tipo de derecho sobre las cosas que son de todos (porque las financiamos), y que no son de nadie; ni del gerente, ni del político, ni de los patrones en el órgano de gobierno. Esto hace que se pueda practicar cierto dominio sobre muchas áreas de decisión colectiva, sin necesidad de responsabilizarse de los resultados de estas decisiones.

La respuesta organizativa se suele basar en lo previsto en estatutos, o desarrollado en reglamentos, directrices, órdenes... que, en la medida en que son dictados en los ámbitos de la planificación de la organización y del sistema de información, de retribuciones, de incentivos y de control, intentan sujetar a las partes que componen la organización para que alineen sus incentivos. De lo contrario, se sienten empoderados para hacer prevalecer sus intereses, que consideran legitimados por el servicio del bien común. Y cuando los protocolos no existen para responder ante situaciones no previstas o inciertas, la cultura de la organización reclama o busca la presencia de liderazgos. Estos son especialmente necesarios cuando la gobernanza política es débil. A menudo, el líder no es quien tiene cargo, sino alguien que los colectivos identifican como tal, respetado por su registro de más aciertos que fracasos en decisiones anteriores similares, o que atesora valores de ética o conocimiento admirados.

En el sistema, se han aumentado plantillas y la actividad no ha aumentado; se han reducido jornadas y no parece que se evite que los profesionales se sientan 'quemados'

Revisaba la situación de la sanidad pública catalana bajo los anteriores prismas y encontraba una gobernanza débil. Cuando quien tiene la responsabilidad del cargo habla en plural mayestático y en potencial («tendríamos que hacer, procurar conseguir...») es síntoma de aquella debilidad, versus «haré, estoy dispuesto a hacer...», mostrando compromiso con toda la credibilidad personal posible. También constataba que, en la sanidad catalana, en los seis últimos años he visto a cuatro consejeros, cuatro directores del CatSalut, cuatro directores del ICS, y gerentes de hospitales que, excepto en un caso, han durado menos de tres años. Cuatro cambios políticos en tan pocos años, incluso de coaliciones de gobierno próximas, y cuatro consejeros.

Ya me dirán qué liderazgo puede ejercer quien tiene el sitio alquilado; qué respeto le puede ser reconocido para marcar una política propia, o confrontar situaciones inciertas que, en caso de errar, acortarán todavía más la duración de su cargo, culpabilizándole de la decisión que haya podido tomar, si ha tomado alguna.

Quizás por eso algunos hace tiempo que proponemos la conveniencia de poner tierra de por medio entre la política y la gestión; pactar mandos (aquí, en Catalunya, lo hemos hecho en anteriores consorcios y fundaciones) para dar estabilidad a los cuadros directivos. Y autonomía de gestión, por la vía de la descentralización, solo para aquellos que acepten asumir un mínimo traslado de riesgo y, así, se responsabilicen de sus actuaciones. De manera coherente, acompañados de unos políticos que exijan más rendimiento de cuentas que el cumplimiento de la legalidad . Pese a la dificultad, lo tenemos que probar. Basta de excusar la situación solo en la falta de recursos; basta de procurar situaciones acomodaticias de no exigir resultados y, a cambio, no compensar selectivamente retribuciones de acuerdo con estos. Observemos que, en el sistema, se han aumentado plantillas (25.000 profesionales de todo tipo) y la actividad no ha aumentado; se han reducido jornadas laborales, hecho que tendría que suponer mejores condiciones de trabajo, y no parece que evite que los profesionales se sientan igualmente quemados. Sin actividad por las tardes, con la privada en máximos y los sindicatos al acecho... algo se debe de estar haciendo mal. A menudo, los políticos utilizan la muletilla en sus discursos de como no puede ser de otra manera. Pues sí: tiene que ser posible de otro modo.

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