Jumilla laica

La moción de Vox en Jumilla que pretendía limitar un acto público musulmán como la Fiesta del Cordero bajo el pretexto de defender una supuesta «identidad nacional católica» es un ejemplo de cómo se distorsiona el debate sobre la convivencia religiosa en nuestro país. La moción también denunciaba los «sacrificios masivos» de animales, sin ampliar la crítica a la tauromaquia o la caza, lo que revela una aplicación selectiva de los argumentos. La libertad religiosa, consagrada como derecho fundamental en la Constitución, no puede ser sometida a nostalgias de una España catequística. La idea de que todo ciudadano español debe ser necesariamente católico, como sugiere Vox, refleja una visión anacrónica de nuestra sociedad. El problema de fondo no es la fe de cada individuo, sino la manera en que el Estado y sus instituciones gestionan esa diversidad. El debate pone en evidencia la necesidad de un reformismo que garantice la neutralidad del Estado y el respeto a la diversidad religiosa. Los símbolos religiosos en espacios y actos públicos oficiales son herencias de un modelo que ya no responde al país que somos. Por otro lado, también esencial considerar la protección de derechos conquistados. No puede aceptarse que, bajo el paraguas de la «libertad religiosa», se perpetúen roles de género que someten a las mujeres, ya sea con matrimonios forzados o códigos de vestimenta obligatorios. Ningún precepto religioso puede estar por encima de los derechos humanos. La educación debería basarse en valores éticos universales de respeto, tolerancia, e igualdad. Eso no quita que el estudio del hecho religioso desde una perspectiva académica e histórica sea fundamental para comprender nuestro legado. Pero el pensamiento crítico desde valores racionales y científicos es la piedra angular para construir una sociedad plural y justa. Juan Pablo II afirmó que la libertad religiosa es «un elemento esencial de la pacífica convivencia». El laicismo no debe ser entendido como una amenaza al hecho religioso, sino como su mejor garantía. No se trata de negar la dimensión espiritual de la ciudadanía, sino de protegerla de imposiciones y discriminaciones. La sociedad española de hoy cree en una ciudadanía donde caben el ateo, el musulmán, el católico y el agnóstico; donde la identidad no se hereda, se elige; y donde el Estado no es árbitro de conciencias, sino garante de derechos. La polémica de Jumilla no es un caso aislado, sino un recordatorio de que el camino hacia la verdadera pluralidad aún requiere pasos firmes y decididos. Cuando la política se rinde a los fantasmas del pasado, la solución no es maquillar el problema, sino crear las bases de un país donde la pluralidad no asuste, sino que enriquezca. Y empezar a construir una convivencia que crea en sus ciudadanos, no en sus credos. Eso sí es cultura. Lo demás, naftalina.