VOX y el decrecimiento económico

Hace unas semanas, el partido político VOX defendió una expulsión masiva de migrantes, incluso ya nacionalizados. Tal como explicitó Rocío de Meer,portavoz del partido, ello se haría si «no se adaptan a nuestras costumbres». Cifró los inmigrantes que sobraban del territorio español: ocho millones y medio de personas.

Actualmente, y según datos oficiales, en nuestro país hay casi nueve millones y medio de migrantes en distinta situación. De los que más de 7,5 millones están ocupados, lo que supone el 85 % de ellos. Por ello, expulsar a ocho millones equivaldría a perder al 20 % de toda nuestra fuerza laboral.

En una reciente entrevista, Massimo Cermelli, profesor de Economía de la Deusto Business School, fue tajante al respecto: «el sistema colapsaría desde el punto de vista del crecimiento».

De la misma opinión es Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano: «La deportación masiva de ocho millones y medio de migrantes podría significar un auténtico apocalipsis para el propio sistema económico, muchos sectores de actividad desaparecerían, o tendrían que ser mucho más pequeños de lo que son en la actualidad».

Los expertos se basan en datos del INE. Su cruce con los diferentes servicios autonómicos de ocupación da el siguiente retrato robot: casi tres de cada cuatro trabajadores de servicios domésticos son migrantes. La mitad de los trabajadores en el ramo de la hostelería también lo son. Como un tercio de los trabajadores de la construcción o del campo. O un cuarto del transporte y distribución.

En clave balear: muy pocos hoteles - o relativamente pocos - podrían abrir sus puertas. Por tanto, el hoy orgulloso sector hotelero podría entrar no en barrena, pero lo pasaría francamente mal para poder cubrir las decenas de miles de puestos de trabajo ocupadas por migrantes a día de hoy. Lo mismo se puede decir de los restaurantes isleños, surtidos de mano de obra asiática, sudamericana e incluso africana. El puerto y el aeropuerto muy difícilmente tendrían operatividad. Especialmente la primera infraestructura, en buena medida dependiente del trabajo de los estibadores, de diversas etnias, religiones y culturas la mayoría de ellos. La productividad del ‘Camp Mallorquí’ se vería reducida a la mínima expresión.

En pocas palabras: si se llevara a cabo el plan de la ultraderecha, nos convertiríamos en una Comunidad Autónoma muy poco productiva. A nivel nacional, la generación de riqueza sería francamente insoportable para la deuda tiene en estos momentos el país con diversos organismos internacionales. Haciendo un paralelismo histórico, se volvería a caer en el mismo error que cometieron los Reyes Católicos al firmar el Decreto de la Alhambra (1492) expulsando a los judíos de la península Ibérica. O al que protagonizó Felipe III expulsando a los moriscos de los reinos de Aragón y Castilla, entre 1609 y 1613. Ambas decisiones provocaron posteriores penurias económicas de gran proyección en el tiempo. La tesis de que España debió en gran parte su estructural retraso por tales hechos ha sido defendida por diferentes corrientes historiográficas hispanas. Desde Miguel Artola o Julio Caro Baroja hasta Jaume Vicens Vives o el entrañable Pierre Vilar.

Por todo ello, el partido de Santiago Abascal debería clarificar qué España quiere: si una nación «pura» pero empobrecida o una multiétnica pero productiva. Y, en función de la respuesta, los españoles y españolas votar.

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