La obscenidad del presidente del Parlament en el banquillo

No es la primera vez que la presidencia del Parlament se ve salpicada por asuntos judiciales, aunque nunca hasta la fecha por algo tan determinante para la idoneidad del cargo como el caso de Gabriel Le Senne, que se sentará en el banquillo acusado de delito de odio. Los hechos que serán objeto de veredicto se remontan al 18 de junio del pasado año cuando se debatía la sensible cuestión de la Ley de Memoria Histórica en un clima tenso, aún en nuestros días, que exigía especial mano izquierda, no los gestos autoritarios perpetrados por el máximo garante del respeto a la pluralidad y al debate democrático. La escena grabada muestra a un presidente fuera de sí que arranca, rasga y lanza al suelo la fotografía de iconos de la represión franquista, Aurora Picornell y las Rojas del Molinar. Acto seguido expulsa del hemiciclo a dos diputadas socialistas, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por defender su derecho a lucir esas imágenes en sus ordenadores y camisetas, asunto que tendrá un recorrido paralelo en el Constitucional por su “especial trascendencia”, al afectar a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina. De momento, la Audiencia de Palma ha desestimado con rotundidad el recurso planteado por Le Senne y ha dejado en evidencia a la Fiscalía. El ministerio público se puso del lado del político de Vox, asumió el relato de una pérdida de control sin mala intención, obvió los derechos y obligaciones del reglamento cameral y minusvaloró el dolor causado a los familiares de las víctimas, que acudieron a la Justicia junto con Memòria de Mallorca. Curiosamente, la Audiencia fundamenta buena parte de su resolución en la sentencia del Supremo contra el ‘procés’ que fijó límites a la “inviolabilidad parlamentaria” y que acabó condenando a más de cien años de cárcel a los líderes de Junts y ERC, con Vox actuando como acusación popular.

Le Senne lleva al banquillo el pacto Vox/PP

La degradación política también debería tener establecidos sus límites. Pero mientras se espera el desenlace judicial, Le Senne apela a la presunción de inocencia y se atrinchera en el cargo de forma obscena. El banquillo de los acusados y la presidencia del Parlament no han de ser combinables en una democracia con principios. Dejaría una imagen esperpéntica ver a la misma persona declarar ante el tribunal como acusado y a las pocas horas conducir el pleno para la aprobación de leyes a las doce. Por decencia política y respeto a la institución que encabeza, Le Senne debería dimitir, como hicieron antes Pere Rotger o Maria Antònia Munar. El popular dejó el cargo en cuanto fue imputado, por más que luego el ‘caso Over’ acabó archivado al quedar el juez instructor sin acusación que lo sustentara para seguir adelante. La uemita, que sí resultó condenada, se demoró algo más, aunque la confesión de su compañero de filas Miquel Nadal en el ‘caso Maquillaje’ precipitó su dimisión, la entrega del acta de diputada y el abandono de la vida política. Maniatada por la necesidad de contar con los votos de Vox por aritmética parlamentaria, Marga Prohens no puede ocultar su incomodidad, pero se aferra a las discrepancias entre jueces y fiscalía para ganar tiempo y posponer una virtual decisión sobre Le Senne a “cuando sea el momento”. No se puede acusar a Pedro Sánchez de “degradación institucional” y al mismo tiempo apuntalar la silla de Le Senne.