Sánchez opaca a Prohens

La degradación del sistema político alcanza un grado inimaginable. Cuando creíamos que había llegado a su límite, la realidad se encarga de desmentirnos, de demostrarnos que estamos hundiéndonos más y más, sin que en este momento podamos atisbar siquiera el punto final de la caída. Al golpe de Estado del nacionalismo catalán le siguieron los indultos y la anticonstitucional ley de amnistía para mantener en la presidencia a Sánchez, la pesadilla de la gestión de la pandemia del covid-19 con sus ilegales confinamientos, la corrupción asociada a la mujer, el hermano y al partido de Sánchez, la criminal respuesta administrativa del gobierno de Mazón y del gobierno de Sánchez a la dana de Valencia, el gran apagón del 28 de abril que paralizó a la mayor parte de España y, como traca final, el trastorno ferroviario de esta semana que ha afectado a miles de ciudadanos, confinados durante interminables horas en los trenes, símbolos en otros tiempos del salto a la modernidad de España. La respuesta del Gobierno en cada caso ha sido el ataque a los jueces y a la prensa (bulos de la ultraderecha) y la fabricación de relatos exculpatorios. En lugar de asumir las responsabilidades propias por su gestión, el Gobierno de Sánchez, para eludirlas, se presenta ante la ciudadanía como una víctima de la derecha malvada. Así ha sido con el gran apagón, señalando a los operadores privados (empresas eléctricas) incluyendo entre ellos a Red Eléctrica, que controla el propio Gobierno a través de su consejo de administración de militantes del PSOE y la presidencia de una sanchista de primera hora, Beatriz Corredor. Ésta, que no apareció hasta dos días después del apagón, declaró que no se saben las causas del apagón, pero que no se va a volver a repetir (sic). El Gobierno no descarta el ciberataque, desmentido por Red Eléctrica y la propia UE. El caos ferroviario ha tenido como respuesta del inefable ministro Puente, no la asunción de sus responsabilidades, su dimisión como ministro, sino calificar el robo del cobre como un sabotaje (no se sabe de quién) del que el Gobierno sería víctima una vez más. Así se consigue el efecto político de oscuras maniobras antidemocráticas que le permitirían escapar de las indemnizaciones a los viajeros afectados. Ya eliminó hace meses las indemnizaciones por los retrasos, ahora culmina la falta de responsabilidad administrativa por su mala gestión. Tras la resolución de la CNMC aprobando la Opa de BBVA sobre el Sabadell, Sánchez se ha sacado de la manga una inverosímil consulta popular que le permita oponerse a ella para seguir contando con el apoyo de los nacionalistas catalanes. Un paso más en la ruta hacia una democracia populista como Venezuela o Colombia. Lo que transmite la sucesión de desastres es que si desde hace mucho tiempo, con la presidencia de Zapatero, pensábamos que el Estado estaba muy mal gestionado, esta sensación se prolongó con Rajoy y ha llegado al culmen con Sánchez y el PSOE. No hay democracia sin partidos, pero que todo el poder radique en partidos convertidos en minorías cleptócratas destruye la democracia.

El desastre es de tal nivel que la mirada se dirige casi en exclusiva a la crisis galopante del Estado que amenaza a la propia democracia, cuando la situación en Balears es suficientemente problemática como para que también se dirija hacia su gobierno. Que el foco esté sobre Sánchez deja en la sombra la gestión de Prohens. La presidenta renuncia a tomar una medida capaz de aliviar la situación del alquiler en Mallorca cuando en el reciente decreto ley aprobado apuesta por la estabilización de 90.000 viviendas de alquiler turístico. Nada hay más urgente que abordar la situación de emergencia habitacional en Baleares. Es la que condena a la precariedad a los jóvenes en nuestras islas, que con sueldos en torno a los 1.500 euros están condenados a la mera supervivencia. Pero sus consecuencias en la prestación de los servicios públicos de la administración autonómica y de la estatal son deletéreas. Afecta a las plazas desempeñadas por funcionarios del Estado, como la Policía y Guardia Civil como a médicos del IB-Salut. Por no hablar de los empleados del sector hotelero, cuyos gestores se las ven y desean para poder alojarlos. La cuestión fue planteada en su crudeza por Gabriel Escarrer. Prohens intentó deslegitimarle arguyendo que ella defendía los intereses generales (Escarrer, los particulares) que, por lo dicho por la propia Prohens, consistían en favorecer que los propietarios afectados se beneficiaran de la riqueza turística. ¿Desde cuándo las viviendas residenciales forman parte de la actividad económica turística? La responsabilidad de esta metamorfosis comenzó con Armengol, pero es con Prohens cuando adquiere la falsa pátina de progreso social. Es sólo progreso económico para una minoría, aunque amplia, de propietarios dispuestos a agradecer con el voto a Prohens.

La otra decisión, muy polémica, de Prohens, ha consistido en que Mallorca y concretamente el municipio de Palma se hagan cargo de la basura de la isla de Ibiza y Formentera. El objetivo es la incineración o depósito en Son Reus. Es una barbaridad que la responsabilidad del tratamiento de las basuras que corresponde al Consell Insular de Eivisa y Formentera se traslade al Consell de Mallorca y al municipio de Palma. Es muy frágil, por el peligro de contaminación el vertedero, y también lo son por la incineración las contaminantes dioxinas. El perjuicio para Palma y para Mallorca no puede compensarse con los 60 millones de euros que dice Prohens que va a aportar el Govern, con un supuesto abaratamiento de la tarifa de eliminación de residuos. Llama la atención el silencio de Llorenç Galmés, presidente del CIM, y el de Jaume Martínez, alcalde de Palma. Prohens busca los votos para el PP de Ibiza y da por asegurados los del PP de Mallorca. Palma sufre en sus carnes la tradicional preminencia política en el CIM y en el Govern de la part forana, pues tanto en el PP como en el PSOE proceden de allí sus dirigentes. Así ha sido con Antich y Armengol, con Soler, Bauzà y Prohens. Palma no tiene quien la defienda, aunque es el municipio que ha posibilitado el tratamiento integral de basuras en Mallorca. No lo hace el CIM y tampoco el ayuntamiento de Palma. Sus dirigentes priorizan los intereses electorales del PP antes que los de sus ciudadanos.

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