Opinión
La normalidad, según Prohens, es una licencia de alquiler turístico

Parlament de les Illes Balears
La encendida defensa del alquiler turístico reglado que realizó esta semana en el Parlament la presidenta del Govern, Marga Prohens, llamó especialmente la atención por su descripción de esta actividad como un negocio ejercido por «familias normales y corrientes» que buscan obtener «algún beneficio de la industria turística».
Podemos conceder que la vida «normal y corriente» es la más complicada de todas. Pero hasta el discurso de Marga Prohens desconocíamos que el alquiler turístico, como actividad empresarial, formaba parte de esa carga cotidiana, convencional y tan moderadamente rentable. Creíamos —qué equivocados estábamos— que las familias corrientes solo sufrían las consecuencias del alquiler vacacional ejercido por otros: algo más privilegiados y menos corrientes. Daños colaterales que llegaban en forma de inflación desbocada de los precios de la vivienda, transformación de pueblos y ciudades, saturación turística generalizada y explotación excesiva de los recursos naturales. En definitiva, como convidados de piedra en la fiesta de otros.
Añadió la presidenta en su intervención que el alquiler vacacional es la manera que tienen esas familias tan normales de “sacar algún beneficio de la industria turística”. No sé si, pensaba en las cadenas hoteleras que ya contratan a la mayoría de su personal en el extranjero o en esas otras familias igual de normales que ejercen el alquiler turístico de forma ilegal, sin molestarse en solicitar una licencia. Pero si la única vía para que la sociedad se beneficie de la principal industria de Balears es el alquiler turístico, entonces que se conceda una licencia a cada hogar, para que todas las familias puedan ejercer la actividad y ser tan «normales y corrientes» como las que el Govern defiende. Quizá así el malestar por la saturación y sus consecuencias se perciba como una bendición caída del cielo. Al menos, hasta el próximo gran apagón.
Otra opción más sensata para un gobernante sería tener una percepción de los problemas rigurosa, más cercana a la realidad y, sobre todo, más próxima a los ciudadanos que sufren a diario los efectos del alquiler turístico. También sería recomendable tener en cuenta a los gobiernos que, en España y en los países europeos más turísticos, ya están limitando esta práctica y programando una reducción paulatina de licencias, como respuesta a una demanda social generalizada. Y, al mismo tiempo, como una forma de frenar su nociva influencia sobre el mercado de la vivienda.
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