Las nuevas autocracias

El imprescindible control y reducción del gasto público no es tarea sencilla sin analizar las consecuencias que implica. Mientras no destruyamos el Estado Liberal en aras del nuevo neoliberalismo plutocrático o neo tecnológico, el punto de partida debería ser la conservación de lo que socialmente tiene una aceptación casi unánime: En el caso de nuestro país, las prestaciones financiadas con impuestos que constituyen lo que, cada vez más eufemísticamente, denominamos Estado del Bienestar.

No es lo que se está haciendo ni en una nación tan pobre como Argentina, ni en una nación tan rica como Estados Unidos. Porque en el primer caso hablamos de un individuo profundamente trastornado, y en el segundo, de un aspirante a dictador al que sólo le mueve la venganza y el deseo de destruir las instituciones estatales y cualquier resquicio democrático existente desde 1787.

Milei se propuso recortar el gasto primario en un 29 por cien, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal: Ha recortado obra pública, subsidios a la energía y transporte, pensiones, programas sociales y empleados públicos. Emitirá menos deuda pública, consecuentemente. Ha reducido la inflación mensual del 25 por ciento, al tres por ciento. Pero sigue en el 193 por ciento, y ha crecido el 107 en un año. Y tiene muy difícil solución sin provocar una revuelta social, porque «arreglar» Argentina requeriría tres legislaturas y acuerdos parlamentarios muy amplios. No una motosierra.

El Peronismo fue devastador para el país; lo compró con subsidios y corrupción. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel por adjudicar a un amigo y presunto testaferro mil millones de dólares a través de una sociedad creada el mismo en que accedió a la presidencia (año 2003).

Argentina requiere cambios profundos, pero respetando los tiempos, porque sus medidas han encarecido notablemente la cesta de la compra; la obra pública ha sufrido un derrumbe del 29,5 por ciento; del trece por cien la industria; se han perdido 250.000 puestos de trabajo, y tiene el dato de pobreza más alto de los últimos veinte años: Un país poblacionalmente análogo a España que tras las reformas de Milei tiene 25 millones de pobres, de los que 8,5 millones son indigentes.

En Estados Unidos la dupla Trump-Musk ha cerrado las agencias de supervisión pública y cortado la financiación a universidades y centros de investigación de todo tipo de enfermedades. Un ejército de chavales con una media de 25 años, armados con portátiles y discos flash, sin formación en gestión pública ni en el tratamiento de datos confidenciales, están examinando las bases de datos públicas con un software de IA de Microsotf Azure con el objeto de eliminar todo lo que no le gusta a su jefe. Se han hecho cargo rápidamente de las oficinas gubernamentales encargadas de controlar los pagos, los recursos humanos y la tecnología del gobierno federal. Hasta que un juez, alertado por las consecuencias, dictó el ocho de febrero una orden de emergencia paralizando el acceso a datos sensibles de los ciudadanos y del Tesoro Público.

La respuesta de Trump del 11 de febrero fue una rueda de prensa con Musk y su décimo hijo encaramado a su chepa, en la que ordenó el despido de 600.000 empleados federales, excepto en los departamentos de inmigración y seguridad. El argumento de Musk ante las cámaras fue: «¿Si la burocracia está a cargo, qué sentido tiene entonces la democracia?». «Esto no coincide con la voluntad del pueblo, así que es algo que simplemente tenemos que solucionar».

La paradoja de la transición de la democracia al autoritarismo es que los electos las destruyen desde dentro. Los populistas son políticos antisistema que afirman representar la voz del «pueblo» y que libran una guerra contra lo que describen como las élites corruptas y conspiradoras. Predican que el sistema existente en realidad no es una democracia, porque ha sido secuestrado y corrompida por las élites. Y prometen reintegrar el poder «al pueblo». En Latinoamérica de los quince presidentes elegidos en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela entre 1990 y 2012, cinco lo eran: Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa.

Ahora se les han sumado Milei, y Trump en Estados Unidos.