Opinión | Al azar

Casa Orsola desata el pánico

Casa Orsola

Casa Orsola / Servimedia

Las noticias más importantes no se miden por el espacio que ocupan, sino por el esfuerzo en recortarlas, en amortajarlas. Así ha ocurrido con Casa Orsola de Barcelona. La atención era inevitable, dada la magnitud de las concentraciones populares para evitar otro desahucio salvaje provocado por los alquileres triplicados. Sin embargo, el pánico se adueñó de las autoridades porque sabían que los indignados andaban sobrados de razones, y porque no se podía ceder ni un euro en la defensa del mercado inmobiliario desbocado. De ahí la solución salomónica adoptada por el ayuntamiento socialista de Barcelona. Comprado el inmueble, se acabó la rabia del populacho. A falta de saber con qué dinero se adquirirán los miles de edificios en idéntica situación en toda España.

Casa Orsola ha desatado el pánico de políticos y mercados, puesto que son indistinguibles, por tratarse de una movilización transversal. Y también porque la víctima propiciatoria singularizada era un profesor de edad y enseñanza medias, no una guerrilla de okupas. Tanto el Gobierno como la oposición divisaron un 15M burgués, y no siempre cuentas con los predicadores de Podemos para adulterar una iniciativa ciudadana hasta cancelarla. Por cierto, la exizquierda extrema protesta con sordina contra los atracos inmobiliarios, porque necesita los sueldos de la legislatura para pagar las cuotas de sus chalés. Defender el acoso a los inquilinos españoles desde Bruselas es un abuso chic que no se le hubiera ocurrido ni a la jet set.

La desorientación absoluta ante el levantamiento se resume en el triste papel del antiguo dueño de Casa Orsola, que reserva su altruismo exótico para iniciativas humanitarias en Colombia o Nepal. La adquisición del inmueble no mide la sensibilidad de los poderes políticos y económicos, sino su acreditado instinto de supervivencia. No está mal, comprar con el dinero de las víctimas el desastre causado por los depredadores. La cifra a calcular es la cantidad de gente a la que se puede condenar a condiciones de infravivienda o, por abreviar, de infravida.

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