Gobiernos improductivos

Uno de los efectos más perniciosos del incremento de la fragmentación política y de la existencia de gobiernos minoritarios en España son las dificultades que estos están teniendo, en los distintos niveles, para renovar sus cuentas anualmente. Es por ello que abundan las prórrogas presupuestarias y los adelantos electorales cuando se presentan los números y no prosperan por falta de apoyos parlamentarios. Eso es justamente lo que sucedió en 2019 en España y en Catalunya en 2024 cuando ni Pedro Sánchez ni Pere Aragonès fueron capaces de aprobarlos evidenciando su falta de apoyos. A nivel local, en cambio, donde no existe la posibilidad de avanzar elecciones hay un mecanismo institucional que permite aprobar el presupuesto si el alcalde lo vincula a una cuestión de confianza.

Las cuentas anuales son el instrumento del que disponen los ejecutivos para llevar a cabo sus prioridades políticas y dar cumplimiento a su plan de gobierno. En el caso del Gobierno central la Constitución establece en su artículo 134 la obligación de que el Gobierno presente ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, una obligación que rara vez se cumple últimamente, en parte porque el mismo artículo también establece que si no se aprueban nuevos presupuestos los anteriores quedan automáticamente aprobados al iniciarse el nuevo año. La laxitud es incluso mayor a nivel autonómico donde, por ejemplo, en el caso catalán, su Estatut d’Autonomia ni siquiera establece la obligatoriedad de presentar las cuentas en un plazo predeterminado sino solamente que el presupuesto tiene carácter anual y por ello en los últimos años han abundado las prórrogas.

Este año se ha iniciado sin que los presupuestos ni siquiera se hayan empezado a tramitar parlamentariamente ni en España ni en Catalunya, lo que ha evitado a ambos ejecutivos el sonrojo de ver como sus cuentas son rechazadas y haga evidente su falta de apoyos parlamentarios abocándoles a una disolución anticipada, que es lo que en estos casos correspondería. Pedro Sánchez no ha renunciado totalmente a presentar las cuentas, todo dependerá de como avancen sus maltrechas relaciones con Junts per Catalunya, pendientes de una reunión de urgencia. Pero ya ha anticipado que aunque no apruebe las cuentas su intención es la de agotar la legislatura. En cambio, el Ejecutivo catalán parece haber tirado la toalla y haber asumido que no contará con el apoyo de una ERC inmersa en su problemática interna y a través de su consellera de Economia ha llegado a afirmar que ni se acaba el mundo ni se cae Catalunya porque no haya presupuestos. Una lastimosa manera de banalizar la importancia de tener las cuentas al día porque es justamente eso lo que ha de permitir llevar a cabo el plan de gobierno que el presidente Salvador Illa presentó antes de Navidad.

Quizás la excepción de no aprobar los presupuestos a tiempo se haya convertido en la norma pero ello no supone que se deban dar por buenos a los gobiernos improductivos que no cumplen con sus obligaciones. No aprobar nuevos presupuesto es inaceptable y más todavía en el caso catalán, donde la llegada de Illa a la presidencia ha sido celebrada como un retorno a la normalidad. Porque sin presupuestos no hay normalidad.

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