Opinión | Pensamientos

Fuera de la ley

El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

Existe en España una norma muy importante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, en el apartado del secreto sumarial, se incumple flagrantemente. Todos, por así decirlo, y especialmente los periodistas, estamos fuera de la ley.

He sido durante cuarenta años redactor de tribunales y no me considero un delincuente. He recopilado decenas de sumarios, los he estudiado y los he divulgado. Simplemente he realizado mi trabajo.

El problema es que la mayoría de esas causas eran secretas, excepto para las partes. La legislación mantiene esta precaución para proteger la honorabilidad e imagen de los investigados. Quiere respetar su presunción de inocencia mediante la censura. Otro motivo no reconocido de la prohibición es el que sin focos se trabaja más cómodamente.

Esta cautela procesal choca con la evidencia apabullante de que las noticias sobre sucesos y tribunales son unas de las preferidas por los medios de comunicación y las redes sociales. Deportes, cotilleos y crímenes son los asuntos ganadores. Ya quisieran la cultura y la ciencia competir de igual a igual con las temáticas estrella.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no restringe el que se pueda hablar de los procesos en fase de instrucción. Faltaría más. La Constitución prohíbe la censura y garantiza el derecho a la información (transmitir y recibir información veraz) y la libertad de expresión.

Si la cuarentena se acatara seguiríamos pudiendo comentar los casos, pero no tendríamos materia fidedigna con la que fundamentar las noticias. La secuencia temporal sería la siguiente: 1. Nace una causa y se le da publicidad. 2. Se incoan diligencias y se corre un tupido velo. 3. Se decreta la apertura de juicio oral y vuelve, como un alud, la transparencia.

En teoría podrían pasar años en blanco entre la comisión de un asesinato, la detención del sospechoso y la fase previa a su enjuiciamiento. Un absurdo.

En todo este tiempo habría pruebas testificales, exámenes forenses, informes periciales varios, reconstrucciones, análisis diversos… Los diarios quizás podríamos informar de todas y cada una de estas vicisitudes, aunque nos tendríamos que callar sobre su alcance. Un disparate.

La legislación prevé multas para los abogados y procuradores que faciliten datos sobre las causas en curso. También advierte que jueces, fiscales y funcionarios se arriesgan a ser acusados de revelación de secretos si no guardan silencio.

El juez y el fiscal del caso Cursach, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, fueron juzgados por este y otros delitos. El Tribunal Superior de Justicia de Balears les absolvió de revelación de secretos y les condenó por otras figuras penales. La sentencia está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en la picota por esta misma doctrina del silencio.

Los periodistas, en aras de la protección constitucional, no cometen revelación de secretos cuando ejercen su profesión. No obstante, ha habido casos de redactores juzgados por informar sobre asuntos penales.

La disonancia entre legalidad y realidad provoca múltiples tensiones. Los investigados, especialmente si son famosos o políticos, piden amparo ante el hipotético secreto de las actuaciones y la difusión casi plena del expediente. Muchas declaraciones de testigos y encausados se graban para que sean más fieles. Esos vídeos son pura golosina para los medios. A algunos nos encanta ver las «actuaciones» de personajes como José Luis Ábalos o Víctor de Aldama. Cabría poner orden en esta delicada materia, garantizando los derechos de todos. De momento: seguimos fuera de la ley.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents