Opinión | Tribuna

Quien pueda que haga y mienta si beneficia a la causa

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. / EFE

Me escandaliza que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña y hacedor de su figura política, afirme que la mentira, la búsqueda del engaño para provecho propio, es un derecho que forma parte de la libertad de expresión. Me inquieta cuando la mentira, las noticias falsas o las medias verdades se utilizan para influir en decisiones políticas, y sobre todo en periodos electorales, induciendo a que votantes crédulos acaben por dar su apoyo a plataformas ideológicas que, objetivamente, van contra sus intereses propios.

Un caso claro es cómo Boris Johnson mintió sobre los beneficios del brexit metiendo al Reino Unido en una de las crisis económicas y sociales más duras que ha conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo Trump, junto a sus aliados tecnológicos, piensa beneficiar a Estados Unidos mientras agrede a todos sus aliados tradicionales y se acerca a las autocracias de ámbito global; a las que también quiere someter bajo su particular visión del mundo.

La mentira y el engaño son armas de destrucción del criterio: sea porque, a fuerza de repetirse y vocearse en las redes, extienden opiniones sobre fundamentos falsos o porque fomentan el escepticismo y la abstención que, irremisiblemente, dañan la credibilidad en el sistema democrático. Deja las puertas abiertas al fin de la democracia sustituidas por autoritarismos que, como revelaba una reciente encuesta realizada entre los jóvenes, se prefiere como sistema político si garantizara unos mínimos de bienestar. ¿Pan y circo?

Por no dejar esa idea en el limbo, conviene hacer constar que en Europa no disponemos de márgenes de crecimiento exponencial como cuando todo estaba por hacer; como tras la destrucción de la Segunda Guerra Mundial o, en España, cuando el desafío era la modernización para acercarnos al estado de bienestar que reinaba en la Europa comunitaria.

Ahora, en sociedades maduras y complejas las recetas milagrosas no existen, y no las tiene ni la derecha ni la izquierda y, menos aún, las van a facilitar modelos autocráticos que solo buscan el control patrimonial del poder, y en su beneficio. A las pruebas de lo que ocurre en el mundo me remito. Cuba, Nicaragua, Venezuela, los estados en África, en Asia, y en la Europa en que se puede.

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un delito o una irregularidad civil puede interponer una denuncia o una demanda, aportando pruebas, documentales y demás que apoyen a la demandante, siendo la judicatura la responsable de valorar la entidad, verosimilitud y recorrido de la denuncia o demanda y, esa, es la potestad del juez y de su criterio y discrecionalidad. Y ahí, también, dependiendo de su adscripción ideológica porque ya no es posible negar el lawfaer. Poner la propia ideología por encima de las leyes.

Los prejuicios del juez prevalecen. Si un juez considera que la mujer no iba formalmente vestida, según el entender, resulta que es merecedora de abusos o de violencia y el delito queda impune; aunque no se apedree a la víctima como en Irán. Las personas que no tienen una orientación formalmente establecida por los cánones tradicionales pueden ser consideradas con menor dignidad y la interpretación de los agravios diluidos. Personas que están con el independentismo de Catalunya, o conocidos simpatizantes, pueden pasarse años en prisión a la espera de juicio y ser desestimada la denuncia. Como le paso a Sandro Rossell, presidente del F.C. Barcelona, cuando fue detenido, arruinándole la vida social y personal sin mayor escrúpulo.

Consecuentemente, con esa línea argumental, no todo vale para conseguir un fin político. La difamación, la calumnia o la interposición de querellas, y demás, a la par que son un derecho ciudadano de la persona afectada, que debe sustanciarse con extremo rigor para no suponer indefensión de la parte acusada o demandada, no pueden ser utilizadas por grupos políticos o parapolíticos como puerta trasera para hacer política y ruido social.

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