No solo en las pensiones, acuerdo necesario también en vivienda

La decisión del PP de apoyar la última reforma de las pensiones es, sin lugar a dudas, una noticia de la que hay que congratularse. Los motivos son varios. El primero de ellos, sin duda, el propio contenido de la modificación legal que facilita, mediante gratificaciones retributivas, las jubilaciones demorada, parcial y activa, que permitirán a muchos trabajadores continuar con su actividad laboral, una vez cumplida la edad legal de retiro, y beneficiarse de ello también en el cobro de su pensión. Es una medida que ayudará al Estado a hacer frente al desafío que supone para el sistema el cese laboral de la generación del baby boom y que va a permitir a muchas personas a prolongar su vida laboral, si así lo desean. Pero hay también otra razón para celebrar el voto favorable de los populares a ese decreto y es que ese anuncio llega como un soplo de esperanza en un ambiente de polarización política tan grave que el apoyo a una norma gubernamental supone un alivio. Cierto es que Alberto Núñez Feijóo alegó que la reforma llega avalada por un acuerdo previo entre patronal y sindicatos, razón que en otras ocasiones no ha llevado a un voto favorable.

No obstante, el respaldo del PP, que le permite a Pedro Sánchez salvar la reforma de pensiones que algunos de sus socios no votarán, no significa que la relación entre el Ejecutivo y la oposición vaya a mejorar. De hecho, el acuerdo de las pensiones es una excepción que no alcanza, por ejemplo, a un asunto tan crucial en este momento como es el de la vivienda, con especial incidencia en Balears. La falta de oferta y la carestía afecta a cada vez más familias y, de forma intensa, a la población joven. Ahí, PP y PSOE han presentado solemnemente propuestas que, pese a coincidir en algunas medidas, responden a modelos ideológicos diferentes y, por tanto, parecen incompatibles. Seguramente la principal razón para el desacuerdo no estribe tanto en dos planteamientos aparentemente antagónicos como en la falta de interés de Gobierno y oposición en sentarse a negociar un acuerdo imprescindible para sacar adelante una norma acorde al reto y para su aplicación posterior, que depende de las comunidades autónomas, competentes en la materia. Razón de más para llegar a ese imprescindible pacto de Estado, que hoy parece inimaginable, para atender una emergencia que requiere tiempo, pero que precisa también de medidas efectivas en el corto plazo.

Más allá de la retórica con la que ambos partidos hacen gala de su preocupación por los problemas de los jóvenes y sus dificultades para acceder a una vivienda, es muy difícil no ver cierto interés electoral en el hecho de que acuerden sobre pensiones y no sobre asuntos que afectan a la juventud. Se da la circunstancia de que la mayoría de los más de nueve millones de pensionistas acostumbran a votar, mientras muchos jóvenes están optando por la abstención y la ultraderecha. Es una brecha generacional que se produce por la incapacidad de los principales partidos para conectar con las nuevas promociones de electores que, en muchas ocasiones, se sienten ajenas al sistema. Esos discursos obsoletos y la falta de sensibilidad y de respuestas a las preocupaciones y necesidades de los jóvenes han abierto una fisura de la que puede depender, incluso, el futuro de la democracia. Deberían hacérselo mirar.