Opinión | Escrito sin red
Un Gobierno de artes tiránicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / José Luis Roca
Si se cumpliera el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, la de la comparecencia de David Sánchez Pérez-Castejón ante la juez Beatriz Biedma retrata, de forma inapelable y grotesca, el grado de corrupción inducido por Pedro Sánchez en la política española. Interrogado por la jueza sobre la naturaleza de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz que dirige, el hermano del tirano responde, titubeando con desparpajo tautológico: «Pues… vamos a ver: entiendo que es la oficina que se encarga de, de… pues no sé, de las artes escénicas». No sabe dónde se ubica. Dice no tener subordinados. Que se enteró de la plaza a través de un buscador de Internet. La secuencia provoca hilaridad, estupor, vergüenza ajena y bochorno ante el grado de impudor e impunidad con los que Sánchez utiliza en beneficio de su familia los recursos del Estado. La creación de la plaza es en sí misma una peripecia entre surrealista y kafkiana. Comenzó en 2016 como coordinador de conservatorios y mutó en 2022 como jefe de la mentada oficina. No se sabe a instancias de quién. Nadie asume la responsabilidad. Ni lo ha podido determinar la Guardia Civil tras analizar miles de correos. Entiendo que el resentimiento, la envidia, el interés personal, la codicia o la simple maldad puedan fabricar a un sectario hipócrita, pero no a un defensor de la igualdad, al defensor de la primacía de la ley, al que cree que nadie es más que nadie, al que defiende la igualdad de oportunidades y el mérito en el acceso a un cargo público, lo que ha sido el anhelo del socialismo. Este último no puede ser condescendiente con quien pone al Estado al servicio de sus propios intereses, los de su familia y sus amigos si no es al precio de perderse a sí mismo. Sánchez toma a sus votantes como idiotas que, bajo el señuelo de un sedicente progresismo, la amenaza de la derecha y la ultraderecha y el fantasma de Franco, transigen con su corrupción.
El enchufe, una minucia, comparado con la ocurrencia a la desesperada de Sánchez para amordazar a los jueces y dejar sin efectos los presuntos delitos de su familia: una proposición de ley orgánica del PSOE para acabar con las «actuaciones judiciales abusivas». Una medida para restringir la acción popular en la Administración de Justicia consagrada en el artículo 125 de la Constitución, que se aplicaría a los casos en curso de Begoña Gómez y David Sánchez, destinados a sobreseerse. La acusación popular no la han ejercido solamente Manos Limpias o Hazte Oír, también lo han hecho el PP o el PSOE en casos notorios de corrupción de nuestra historia democrática, como el GAL, Filesa, Gürtel, Noos, papeles de Bárcenas; la está ejerciendo ahora mismo el PSOE en el caso del novio de Ayuso. Se trata de una medida antidemocrática, del intento de aprobar leyes para defenderse de las acusaciones de corrupción castigadas por las leyes vigentes. Como ya ha hecho anteriormente, vulnerando todos sus compromisos electorales, para comprar el acceso al poder: indultos y eliminación del delito de sedición para los golpistas de 2017 o la ley de amnistía para el prófugo Puigdemont a cambio de sus siete votos para su investidura. De esta manera se legisla, no para los ciudadanos sino para mantenerse en el poder. La proposición del PSOE constituye un ataque sin precedentes contra el Estado de Derecho y la propia democracia. Sin la acción popular la acusación en un proceso penal sólo podría ser impulsada por los fiscales a las órdenes del fiscal general que, dada su dependencia del Gobierno que no se recata en subrayar Sánchez, el acusador público sería el propio Gobierno, la acción de la justicia penal en manos del Gobierno. Lo cual significa que el Gobierno tendría impunidad ante cualquier actividad del mismo susceptible de ser considerada penalmente perseguible. Aunque pueda parecer que la idea de que este es un camino hacia una dictadura es una consideración hiperbólica, no lo es. El PSOE se ha convertido en el partido de Sánchez y el sanchismo es el nuevo cesarismo que manda en España, donde el poder político está por encima de la ley.
Todo lo que está pasando está descrito con toda minuciosidad por Karl Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos. Lo califica como la paradoja democrática. Sucede cuando la democracia, el gobierno del pueblo, decide por mayoría actuar contra las leyes que rigen su funcionamiento y que el gobierno esté en manos de un dictador. Ello sólo es posible cuando el sistema político es una democracia, pero no un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, lo que se entiende por democracia liberal, es un sistema democrático en el que el poder no está concentrado en los que han sido elegidos para gobernar, sino que está repartido entre la asamblea legislativa que decide el gobierno, el gobierno que tiene el poder ejecutivo y el poder judicial. Es un sistema de contrapoderes de modo que ninguno pueda imponerse a los otros dos. Además, desde que EE.UU. se constituyó como la primera democracia de la historia moderna, su funcionamiento ha sido inseparable de la existencia de la prensa libre. Es a Thomas Jefferson a quien se le atribuye la frase «si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo». Desde entonces se entiende que no pueda existir democracia sin prensa libre. Es una conjunción heterogénea de fuerzas disolventes como los herederos de ETA, los nacionalismos separatistas de ERC, Junts, PNV, BNG, Compromís, y la extrema izquierda comunista de Sumar y Podemos, que han situado al autócrata Sánchez en la presidencia del Gobierno para vulnerar la Constitución y alcanzar sus objetivos de destruir al Estado mientras le ceden el poder dictatorial de colonizar todas las instituciones donde colocar a familiares, amigos y a todos los conmilitones partidarios que, a cambio de su fidelidad perruna, acceden a sueldos públicos. Y someter al poder judicial, maniatando a los jueces para imponerse a las leyes. Es un proceso de degradación de la democracia liberal y del Estado de Derecho impulsado por ese «somos más» de Sánchez la noche del 23 de julio de 2023, por esa mayoría heteróclita que pretende destruir la democracia española en nombre de la propia democracia. Es el proceso seguido por las repúblicas bolivarianas, el proceso hacia la dictadura.
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