Opinión | Tribuna

Luis Alfonso de León Piñeiro

La difícil solución de la ocupación en España

Okupación de un apartahotel de Cala Bona

Okupación de un apartahotel de Cala Bona / DM

Recientemente he tenido el placer de conocer al prestigioso arquitecto Elías Torres cuando ambos hemos coincidido como jurado de los Premis Ciutat de Palma ‘Guillem Sagrera’ de Arquitectura 2024. Gracias a esta oportunidad, tuvimos la ocasión de compartir opiniones sobre nuestra actividad profesional, como es el problema del acceso a la vivienda en España y, más concretamente, sobre la ocupación.

Al manifestarle mi punto de vista al respecto, me llamó la atención su comentario al decirme que nunca había visto el fenómeno de la ocupación desde el punto de vista que yo le estaba planteando. Esa respuesta me animó a escribir estas líneas.

Empecemos echando la vista atrás. En España se estaban construyendo en la primera década de los 2000 una media de 70.000 viviendas protegidas anuales destinadas a las necesidades sociales. Ésta era una cifra razonable, dado que vivíamos una época de bonanza y, en general, con pocos problemas económicos para la mayoría de las familias.

Entre 2007 y 2008, se produce la crisis del ladrillo. Hasta el 2009 la media de construcción de viviendas sociales se mantiene gracias a los proyectos en ejecución, pero a partir de esa fecha se desploma la construcción de viviendas protegidas hasta las 10.000 anuales.

La reflexión es sencilla: si en época de bonanza necesitábamos 70.000 viviendas, en época de crisis creo que todos tenemos claro que se supone que requeriríamos aún más.

Es en ese momento cuando se crea el gran problema de acceso a la vivienda que tienen hoy nuestros gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos. Se ha producido un déficit superior a las 60.000 viviendas sociales al año. Una cifra que podemos considerar mínima para una época de crisis económica y de una importante pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los ciudadanos. Como llevamos más de 12 años con esa carencia de vivienda social, las cuentas son claras. A razón de 60.000 anuales, el resultado son unas 720.000 las viviendas sociales necesarias en España y que no tenemos.

Aquí es donde los distintos gobiernos, de diferentes administraciones y color político, no han podido, o no han sabido, dar solución al problema construyendo ellos mismos o apoyando la construcción, a través de terceros, de dichas viviendas para colectivos vulnerables. Han eludido su responsabilidad con las familias más necesitadas y han permitido la proliferación del fenómeno de la ocupación, sin combatirlo de manera efectiva, incluso dándole protección en algunos casos, en lugar de apostar por recuperar el número de viviendas sociales que nos hacen falta.

Con esta dejación de responsabilidades, nuestros gobernantes transfieren su obligación de atender socialmente a las familias más desfavorecidas a los propios ciudadanos. Son los ciudadanos los que, en demasiadas ocasiones, asumen el coste de un problema que corresponde a las arcas públicas y que, reitero, parte de una negligencia de nuestros gobernantes.

Además, debemos considerar que un elevado número de las viviendas ocupadas son de particulares que, con su esfuerzo, consiguieron un suplemento en su renta gracias al ingreso de un alquiler y que ahora, aparte de no tenerlo, tienen que asumir los gastos de dicha vivienda sin disponer de ella.

Lo que tengo claro es que el tiempo de recuperación de esta situación será largo y que los motivos son varios: el elevado número de viviendas necesarias, la falta de suelo, las largas tramitaciones administrativas, su elevado coste económico, el tiempo necesario para su construcción y el hándicap que supone que el déficit de viviendas crezca cada año que pasa sin tomar una decisión acertada.

En 2021 se construyeron en España un total de 108.318 viviendas nuevas y la misma cantidad, aproximadamente, se ha conseguido en los años siguientes. De todas ellas, solamente un 10% es vivienda social. Es un porcentaje insuficiente y mucho más si consideramos que tenemos que compensar los años en los que abandonamos a las familias con menor poder adquisitivo reduciendo la construcción de vivienda protegida.

Si consideramos el déficit de 720.000 viviendas sociales el origen del problema, ¿qué solución le damos? ¿Qué vamos a hacer para incrementar ese porcentaje? ¿Qué medidas específicas vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a facilitar la colaboración público-privada imprescindible para resolver nuestra necesidad? Cada día que pasa sin respuesta a estas preguntas y sin dar solución al problema éste se hace cada vez mayor.

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