Opinión | Desde el siglo XX

San Sebastián, icono gay desde los tiempos del Renacimiento

El rampante nacional catolicismo no ceja en su cruzada para arrancar de raíz la herejía que asuela las Españas, no rebana pescuezos, al islámico modo, porque no puede; se constata su inextinguible furor por los autos de fe

Cartel de Sant Sebastià denunciado por Abogados Cristianos.

Cartel de Sant Sebastià denunciado por Abogados Cristianos. / Lluïsa Febrer.

Dejando de lado que siempre dispone de la anuencia de jueces (as) dispuestos a endosar sus fascistas iniciativas encaminadas a vulnerar groseramente la libertad de expresión, a la que detestan porque pone al descubierto sus escasas luces, hete aquí que Abogados Cristianos, artefacto histriónico de la extrema derecha, se querella contra la concejala de Podemos Lucía Muñoz y la ilustradora Lluïsa Febrer por un cartel en el que aparece San Sebastián (icono gay desde los tiempos del Renaciminto) con una longaniza por pene y un diablillo salido que se dispone a practicarle la correspondiente felación, además de otros motivos erótico burlones, entre los que destaca a otro hijo de Satanás masajeando pechos y clítoris de una innominada santa entrando en trance. Todo aderezado con flechas por doquier. El festivo cartel ha desatado las iras del meapilismo ultra, que ha contado con la incorporación verbal del alcalde Jaime Martínez, que, temeroso del auge de Vox, ha declarado, lleno de santa indignación, que el cartel es «vomitivo». No se ha topado con exabrupto más escatológico. Al alcalde hay que refrescarle la génesis de la libertad de expresión, que debiera ser inmutable, consistente en asumir como derecho inalienable que se puede expresar lo que nos ofende. A muchos o pocos, qué más da, les parecerá que no es oportuno (seremos más comedidos que Martínez) que por Semana Santa en Cort se arrien las banderas oficiales a media asta en señal de duelo por la muerte de Cristo, que se pongan retratos en la fachada de santos y santas, todo ostentación de una concreta religión olvidando que la Constitución, que el PP siempre dice defender con uñas y dientes, establece que España es un Estado aconfesional. Se lo toma el alcalde a beneficio de inventario. No veo que se destaquen en Cort, ni falta que hace, versículos del Corán para celebrar las fiestas islámicas o que el candelabro de los siete brazos hebreo también aparezca en la Pascua judía, que tampoco hace puñetera falta. Aconfesionalidad, alcalde, y se deje de vómitos a deshoras.

Abogados Cristianos es lo que es; lo que preocupa es que haya quien se haga el escandalizado o se ofenda hasta en sus entretelas por un cartel que será poco agraciado para quien se considera católico, hasta si se quiere blasfemo, pero, queridos (as), es que a Lluïsa Febrer le ampara la libertad de expresión, la que fundamenta lo que es la democracia liberal hoy en crisis en tantas partes del planeta donde todavía resiste, para burlarse de una idea, la que fuere, y cualquier religión es, ante todo, una idea, por lo tanto sujeta a crítica y burla. No le vamos a pedir a Abogados Cristianos que lo acepte, pero sí se puede rogarlo a quienes ocupan preeminentes cargos públicos, caso del alcalde de Palma, o a partidos que defienden el orden democrático liberal. Los que no son católicos se aguantan ante las exhibiciones folclórico-religiosas, más lo primero que lo segundo, al uso. A los católicos, a su Iglesia, le asiste el derecho a exhibirse. No sé si a que en el balcón de Cort las banderas se arrien a media asta en señal de duelo. Eso es nacional catolicismo rancio, rijoso. Hay mayoría conservadora en el Ayuntamiento para quer se haga. En eso Jaime Martínez y el general de Vox Fulgencio Coll (al alcalde le va acojonando cada día más su alargada sombra) van al unísono. No nieguen el derecho de Podemos a carcajearse. Y, en serio, son muy graves, los atentados de Abogados Cristianos contra la libertad de expresión; mortal de necesidad que nos topemos con jueces que avalan sus iniciativas censoras. A la democracia liberal hay que defenderla a diario de sus enemigos.

Acotación clarificadora.- El juez de Tribunal Supremo Ángel Hurtado encarna, y de qué manera tan burda, la quiebra de la confianza en la Justicia española. Lo suyo es un caso de lawfare (guerra jurídica en castellano) definitivo. No es necesario decir más.

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