Opinión | Tribuna

Financiación ¿singular?

Últimamente se está hablando mucho de la financiación de las comunidades autónomas, sobre todo como consecuencia del acuerdo a que se llegó en su momento para la elección de Presidente de la Generalitat de Cataluña, en el que se hacía alusión a financiación «singular» de esa Comunidad Autónoma.

Siempre que hablamos de financiación del sector público conviene recordar, por obvio, que la práctica totalidad de los ingresos que obtiene éste proceden de los tributos con que se grava la actividad de los ciudadanos. De forma que, desde la perspectiva de éstos, es indiferente qué Administración los gestione, sino que lo importante es si los gestiona bien o mal.

También es preciso recordar, por ser igualmente obvio, que la cuestión de la asignación de recursos a cada nivel administrativo está directamente relacionada con el ámbito de competencias que tenga encomendado cada uno de ellos; de forma que, a más competencias, mayores fuentes de financiación, y a menos competencias, menor financiación.

En este sentido, la propia Constitución prevé, por lo que se refiere a la Administración local y autonómica, que sus haciendas han de tener medios suficientes para el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, refiriéndose a la autonomía financiera y a los principios de coordinación y solidaridad (artículos 142 y 156).

Todo esto quiere decir que, aunque ahora se haga referencia a financiación «singular» de la Generalitat de Cataluña, (o de cada Comunidad Autónoma, ya que todas afirman tener singularidades diferenciales), resulta que, tal como está diseñado el sistema, es imposible desgajar la financiación de unos de la de otros, puesto que la cuestión solo puede ser abordada como un todo. De manera que, si ponemos en un sitio, habrá, necesariamente, que quitar de otro.

Sobre estos temas, diversos expertos han efectuado diferentes estudios e informes cuya utilización podría servir para lograr pautas objetivas sobre las que basar el sistema de una vez por todas; es decir, en teoría, existen datos y fórmulas para llegar a soluciones estables, duraderas y adecuadas para todos. Pero, como esta cuestión se ha venido usando como argumento de debate político y se ha abordado sólo desde esa óptica cortoplacista - y no la racional -, hace ya años que está pendiente de solucionar, y, ahora, con lo de la financiación singular parece como si la cosa fuera a quedar solventada. Nada más lejos de la realidad, por lo que se ha dicho más arriba.

Por lo demás, tanto en el ámbito político como en el académico se considera que una reforma de la financiación solo será posible si nadie pierde… y eso solo se puede garantizar, en lo que más o menos coinciden los estudios, con más dinero del Estado sobre la mesa; hasta 20.000 millones de euros extra cada año, según un cálculo elaborado por el diario El País con ayuda de media docena de expertos.

Y sin olvidar, tampoco, que más del 70% de los presupuestos autonómicos se destina a sanidad, educación y servicios sociales, lo que significa que lo que se resuelva seguro que nos va a afectar a todos, queramos o no.

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