Las medias verdades del Acuerdo social para la reducción de la jornada laboral

La Ministra de Trabajo acaba de firmar con los dos sindicatos más representativos de España un Acuerdo social por el que el Gobierno se compromete a desarrollar una iniciativa legislativa en materia de jornada en los términos del borrador del anteproyecto de ley que el Acuerdo incorpora como anexo. Las organizaciones empresariales, sin embargo, no han firmado este Acuerdo. Y no me extraña. Además del negativo impacto que podría tener la reforma del Gobierno sobre la competitividad de la mayoría de nuestras empresas, PYMES del sector servicios de menos de cincuenta empleados, el Acuerdo está plagado de medias verdades, se aproxima mal al problema de la regulación del tiempo de trabajo y no consigue ni de lejos convencernos de la necesidad de la reforma, que consiste esencialmente en reducir la jornada semanal de cuarenta horas a treinta y siete y media.

Un fundamento del compromiso de reducir la jornada es que sectores como la hostelería, el comercio o la agricultura tienen jornadas muy largas. Lo que no dice el Acuerdo es que, por ejemplo en el campo, una normativa especial permite ampliar la jornada hasta veinte horas más cada semana. El Gobierno no nos explica qué pasaría con esa norma, así que, después de la reforma, el resultado podría ser que en el campo podrían exigirse jornadas de cincuenta y siete horas y media cada semana. En el comercio y en la hostelería también existen regímenes especiales que generan efectos similares y que, al parecer, se mantendrían en los mismos términos después de la reforma.

El Acuerdo expresa que la reducción de la jornada es una medida redistributiva porque el empleo y la productividad han crecido. Otra media verdad. A poco que buscasen, encontrarían sus negociadores informes serios que atestiguan que España está a la cola de Europa en cuanto a productividad por hora de trabajo. Y expone, asimismo, el Acuerdo que la reducción de la jornada persigue abrir espacios de libertad para el disfrute y desarrollo de las personas. Algo que dudo pudiera llegar a producirse. El Acuerdo no plantea una reforma que tape todos los agujeros que hay ahora en materia de duración -por ejemplo, horas extraordinarias por causa de fuerza mayor- cómputo -por ejemplo, guardias de localización- y distribución de la jornada -por ejemplo, se permite esa distribución a lo largo del año-. Aspectos que no tocaría la reforma pese a que por ahí chorrean inagotablemente horas de trabajo que no pasan por el correspondiente contador, complicando mucho el objetivo, que también nos vende el Acuerdo, de que los trabajadores ganen tiempo de vida.

La reforma que pretenden Gobierno y sindicatos es fácil y políticamente rentable. El Gobierno dista de plantear una reforma seria, de verdad, porque eso es mucho más difícil y carece de apoyo parlamentario para aprobar la correspondiente ley. Sin embargo, resulta que el Acuerdo reivindica el papel central de la ley emanada del Parlamento para limitar la duración de la jornada. Pues bien, esta afirmación tampoco es del todo cierta. La pretensión gubernativa es ir por el camino rápido del Real Decreto-Ley, mucho menos comprometido en clave política que el procedimiento para aprobar leyes en el Parlamento. La Constitución de 1978 dice que el Gobierno solamente puede utilizar el RD-Ley para efectuar reformas legislativas en caso de «extraordinaria y urgente necesidad». El Acuerdo no debería anunciar una reforma que sale del Parlamento, sino explicarnos a todos cuáles son esas circunstancias extraordinarias y urgentes que el Gobierno entiende que concurren y le permiten llevar a cabo esta reforma saltándose los trámites del procedimiento legislativo ordinario.

Este Acuerdo social, en fin, sirve muy poco como carta de presentación de la reforma del Gobierno porque dice muchas medias verdades que confunden a la sociedad. De hecho, no es fácil, creo, explicar que el Acuerdo diga que existe un interés común por mejorar las condiciones de trabajo y empleo en nuestro país cuando, a la vista está, el propio Acuerdo no ha podido ser aprobado contando con el consenso de la patronal.