Impunidad frente al ruido en Mallorca: el principio del fin

Los ayuntamientos que desatienden las denuncias por ruidos, abandonan a los vecinos y los obligan a iniciar largos y costosos procesos judiciales, con consecuencias para su salud, economía y amenazas frecuentes de los denunciados, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Es importantísimo subrayarlo porque desde el pasado mes de junio y hasta el pasado viernes los ayuntamientos de Pollença, en una ocasión, y Palma, en dos ocasiones, han sido condenados en los tribunales de justicia por idéntico motivo: por su negligencia en atender las denuncias vecinales por ruidos, por la absoluta inoperancia de sus policías locales, cuando no connivencia con los locales de ocio denunciados, y por no tramitar adecuadamente, y muchas veces a sabiendas, denuncias vecinales repetidas durante largos periodos de tiempo: dos años en el primer caso citado del Ayuntamiento de Pollença, un año y diez años, respectivamente, en las últimas dos sentencias que ahora han condenado al Ayuntamiento de Palma.

Los vecinos del Paseo Marítimo de Palma denuncian una "madrugada especialmente conflictiva" en los bares de la zona

Hay que tener en cuenta, además, que en los casos de ruidos la denuncia a menudo no es inmediata, porque los problemas suelen estallar entre vecinos. Y la víctima, lógicamente, prefiere antes un largo periodo de mediación antes de entrar en conflicto con alguien con quien se ve obligado a convivir. Es su doble condena, tener que entrar en disputa con un vecino al que se encuentra cada día y que el ayuntamiento de turno ponga todo de su parte para que estos locales de ocio puedan seguir desarrollando una actividad económica saltándose las propias ordenanzas municipales. 

Nos gustaría poder celebrar el fin de la impunidad frente al ruido. Pero el problema es tan general en Mallorca y en sus zonas turísticas que muy difícilmente será así. Pero al menos la justicia ha mandado un mensaje claro a los ayuntamientos. 

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