Erika, asesinada por el machismo, desprotegida por el sistema

El asesinato de Erika Röhrig, de 74 años, a manos de la expareja de su hija en la Colònia de Sant Jordi ha conmocionado a la sociedad mallorquina por su crueldad y porque, una vez más, asistimos a una muerte que podía haberse evitado. Vítor Aníbal repite el patrón de conducta machista que sigue atormentando a demasiadas mujeres y que el sistema, incluso con todas las alarmas activadas, no llega a atender por razones que, ante la gravedad de lo ocurrido, deben ser aclaradas. ¿Falló el protocolo? ¿Hubo negligencia? ¿Faltan recursos? Mató a golpes a Erika, como podía haber matado a su hija, porque quería beber y no había cerveza en casa. El pretexto es lo de menos, el machista siempre lo encuentra para explicar lo injustificable. La víctima por el contrario demasiadas veces no recibe la protección esperada. El agresor estaba en el radar del programa VioGén desde principios de este mes. La relación con la hija de la asesinada se había roto y había informes alertando de la peligrosidad de su comportamiento. Pese a las múltiples señales, seguían viviendo juntos.

El hombre que mató a su exsuegra declara ante la jueza que no recuerda el crimen

Hace escasamente dos meses, Vítor Aníbal fue absuelto de un delito de violencia de género. La hija de la víctima y expareja sentimental del agresor le había denunciado en junio de 2023 por malos tratos a lo largo de una convivencia de veintidós años. La tóxica relación había devenido un auténtico calvario de abusos y excesos, que incluso le había llevado a compartir con él una condena por agredir en 2014 a policías en un bar donde no querían servirles más alcohol. Como tantas otras mujeres en situación de vulnerabilidad, en el último momento ella no se ratificó en el juzgado y la causa languideció. No obstante, se abrió otro proceso por un bofetón admitido por Aníbal en el interrogatorio. Pese a la petición de un año de cárcel y cinco de alejamiento por parte de la Fiscalía, tampoco prosperó el asunto al no estar claro si el bofetón se lo había propinado en España o en territorio luso. A estas alturas, resulta desalentador que una cuestión territorial pueda abortar la justicia universal frente a la violencia contra las mujeres o que persistan posiciones negacionistas ante esta lacra tan ancestral como vigente. Solo en este casi primer cuarto del siglo XXI, Balears suma 45 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, casi dos por año. La noche del miércoles se reactivó el contador letal, parado desde 2021, cuando apagaron la vida de Elena Livigni en Ibiza y de Warda Ouchane en Sa Pobla. Pese a la magnitud de la tragedia, la ultraderecha se ausentó del minuto de silencio por Erika, con la salvedad de Manuela Cañadas. Los líderes de Vox antepusieron asistir esa mañana en procesión al juzgado para arropar a Gabriel Le Senne, encausado por delito de odio tras haber rasgado y arrojado al suelo la foto de represaliadas del franquismo, mujeres asesinadas por su activismo. Tras la reprobación social y política, toca actuar a la Justicia.