¿Estado de Derecho? ¿Estado?

Cualquier ciudadano medianamente interesado por la cosa pública podría interrogarse sobre la virtualidad de la existencia del Estado de Derecho en España tras el escándalo de la aparición del prófugo Puigdemont en Barcelona. Se trataría, no de la apariencia formal de su existencia, sino de la realidad de la misma. Ahora ya no se trata de preguntarse el por qué, desde hace tiempo, se aprueban leyes que infringen la Constitución como, por ejemplo, es el caso de la ley que contempla sanción penal diferente para hombre o mujer para un mismo delito, vulnerando el artículo 14 de la C.E., que consagra la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Es una muestra del populismo legislativo que ni siquiera Feijóo, supuesto defensor de las libertades, osa cuestionar. O por qué desde el Gobierno no se impulsa ninguna medida legislativa que acabe con la ocupación de viviendas, desatendiendo el mandato del artículo 9.3 de la C.E. que garantiza el principio de legalidad y la seguridad jurídica; el del 24 que reconoce el derecho a una tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión y el del artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad. Es otro de los peajes pagados por el socialismo al comunismo de sus socios que le garantiza continuar usufructuando el poder.

Ahora, con la performance de Puigdemont, la pregunta pertinente es si hay Estado de derecho en España. Su existencia depende, entre otras cuestiones, de que exista una verdadera separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La separación entre el ejecutivo y el legislativo es muy cuestionable en la medida que ambos están mediatizados férreamente por otro poder ajeno al supuesto de los ciudadanos, el poder de los partidos políticos cuyo funcionamiento interno adolece de lo que se entiende por democracia interna. Que las resoluciones del poder judicial sean cumplidas, en este caso del juez Llarena, que mantiene una orden de detención contra Puigdemont, es la prueba del nueve para saber si en España existe el Estado de Derecho. La aparición y fuga del prófugo posibilitan la afirmación de lo contrario, sea cual sea la responsabilidad de las administraciones involucradas: los mossos d’esquadra de la Generalitat, la Guardia Civil, la Policía Nacional o el CNI. La justificación de los mossos, de prever la detención sin graves altercados públicos, parecida a la esgrimida el uno de octubre de 2017 a instancia de la jueza encargada de evitar la celebración del referéndum, se cae por sí sola al haberse podido visionar, merced a un imprevisto testigo fotográfico, el acelerado tránsito del prófugo, acompañado sólo de su abogado y otro acompañante, hacia el escenario montado por el alcalde socialista de Barcelona para su parusía en olor de multitudes. La excusa del Gobierno transmitida por el vivaracho Bolaños fue la competencia exclusiva de los mossos. Era verdad sólo en parte. Porque la responsabilidad también era de la Guardia Civil como policía de fronteras, de los servicios de información de la Policía Nacional y del CNI (neutralizar las actividades que atentan contra el ordenamiento constitucional, la soberanía del Estado y la estabilidad de las instituciones). Puente, asegurando que la culpa la tienen los jueces por no aplicar la amnistía a su gusto, extralimitándose, anticipando la corrección del Tribunal Constitucional. A preguntas del juez Llarena, el Gobierno ha reconocido que no activó los servicios de inteligencia hasta que se detectó la fuga. Todo es una infame mentira. Como ha escrito Ignacio Varela, se trata de un cohecho de libro. Las semanas previas a la parusía hubo reuniones en Ginebra de Santos Cerdán, el negociador, con el propio prófugo. Se trataba de que no se detuviera a Puigdemont, no se alterara la elección de Illa en el Parlament y, sobre todo, que se evitara que los siete votos de Junts en el Congreso pudieran castigar a Sánchez en próximas votaciones trascendentales. Es ahora cuando, además de constatar que no existe ya el Estado de Derecho, pues se desobedecen con argucias las resoluciones judiciales, que podemos preguntarnos sobre la misma existencia de un Estado dinamitado por el independentismo. Lo que sí existe es el Gobierno, que impide, implícitamente unas veces, explícitamente otras, que las instituciones cumplan con las obligaciones inherentes a la existencia de un Estado español.

De la pertinencia de la pregunta sobre la existencia del Estado mismo responde no sólo la astracanada de Puigdemont y las implicaciones de las instituciones del Estado. También sobre el funcionamiento de la propia Justicia, sin medios y con una extensa nómina de puestos sin cubrir en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, que la dejan en estado comatoso, por decisión del Gobierno, que impulsó, ante la negativa del PP a acordar la composición del Consejo General del Poder Judicial, una ley para impedir los nombramientos a un CGPJ en funciones por haber acabado su mandato. Nos transmitieron hace unas semanas, con grandes alharacas, el acuerdo para este organismo, que fue aprobado en la última sesión del Congreso. «Hemos sido capaces de conseguir el acuerdo». Y felicitaciones del inefable Bolaños, el peor ministro de injusticia de España, bajo cuyo amparo se han desarrollado las mayores vilezas. Felicitaciones de la propia Comisión Europea. Diez vocales para juristas propuestos por el PSOE y diez para propuestos por el PP y un quorum para tomar decisiones, entre ellas la elección del presidente, de tres quintos, o sea un mínimo de doce votos que aseguraran su independencia. Pues bien, si no he perdido la cuenta, llevan ya tres reuniones votando y no han conseguido quorum en ninguno de los casos. Era previsible, ninguno de los propuestos por PSOE y PP aprobados por el Congreso tiene la vitola de independiente de uno u otro partido. Los diputados que los eligieron después del pacto de los partidos, aunque según la C.E. no tiene mandato imperativo, son soldados a sueldo de los partidos, son robots que siguen disciplinadamente las órdenes partidarias. No me creo que entre todos los jueces no existan los que atesoren sapiencia, conocimientos jurídicos, imparcialidad y decencia. Pero precisamente porque existen no puede ser aceptados por la partitocracia. Los partidos políticos corrompen todo lo que tocan. Por el artículo 68 de la C.E. y por la ley electoral. Y éste es el origen de la mayoría de nuestros males.

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