Opinión | Tribuna

El comunicado del CGPJ: la odiosa judicialización de la política

El pasado lunes 10 de junio el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado a propósito de las críticas que ha recibido el Magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Fue aprobado por unanimidad, es decir tanto por los miembros considerados conservadores como por los progresistas. Su texto resulta harto revelador e invita a que la clase política reflexione en pro de «la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales». 

El Consejo ha esperado al día siguiente de la celebración de las elecciones al Parlamento europeo. Las crecientes competencias de la Unión Europea bien hubiesen justificado que los debates electorales hubiesen girado sobre las políticas comunitarias. Sin embargo, los candidatos han polemizado particularmente sobre cuestiones de política nacional con un gran espacio para los procedimientos judiciales y las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. 

Hace algunos años atrás los partidos rivalizaron por ofrecer una pátina de honradez en sus actuaciones y a tal efecto apartaron a políticos por el solo hecho de que un juzgado abriese diligencias de investigación.

Aquella fórmula no sirvió para mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la limpieza en la política. Pero es que además desvirtuó algunos de los principios constitucionales más importantes, en concreto la división de poderes, la presunción de inocencia, la independencia judicial y la institución de la cosa juzgada.

La apertura de diligencias judiciales no prejuzga el resultado final del caso y durante su tramitación, al acusado goza de presunción de inocencia, sea José Luis Ábalos o sea Esperanza Aguirre. Los medios de comunicación deberían extremar el celo en evitar la «pena de banquillo» a quienes tal vez acaben resultando absueltos. No basta con la simple adenda de la palabra ‘presunto/a’ a sus acusaciones. Su responsabilidad frente a los ciudadanos es máxima. La libertad de prensa del art. 20 de la Constitución está limitada por la veracidad de la información. Y la veracidad exige de un cierto grado de independencia frente a los poderes políticos. De lo contrario, los diarios de información se convierten en voceros de los partidos políticos. 

A partir de que la Judicatura acuerda el archivo de un caso o dicta una Sentencia de absolución, el acusado debe ser repuesto en su honorabilidad, cualquiera que sea el partido al que pertenezca, sea Mónica Oltra o sea Francisco Camps. Y no puede ser que las críticas a la resolución judicial absolutoria dependan de que el político coincida o no con la tendencia política del medio de comunicación. Sucede justo lo contrario, si uno lee un medio afín a la izquierda, la sentencia absolutoria del político conservador es casi prevaricadora; y viceversa. 

El sistema democrático se fundamenta en la división de poderes: Un Poder Legislativo (elegido por el pueblo y dependiente de él) que emite normas; un Poder Ejecutivo (elegido por el Poder Legislativo y dependiente de él) que implementa esas normas; y un Poder Judicial (independiente de los otros dos poderes) que enjuicia que las actuaciones de los otros dos poderes se adecuen a la Ley. 

Por supuesto que tal y como señala el CGPJ «las resoluciones judiciales están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas». Pero más allá de esta crítica, lo que tiene que hacer cualquier político o cualquier familiar de político, esposo/a o novio/a, que discrepe de una resolución judicial es lo que hacemos todos, es decir ejercitar el derecho constitucional a formular un recurso «por quienes estén legitimados a través de los cauces legalmente establecidos» ante el órgano judicial superior y argumentar para convencerle de que el juzgado de la instancia inferior está equivocado. Y si ha lugar, llegar hasta la máxima instancia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el TEDH. Estas son las reglas del juego que ha establecido la Constitución y que obligan a todos, incluidos los altos cargos políticos. 

La dinámica establecida de insinuar razones espurias en aquellos jueces que dictan resoluciones contrarias al político de turno solo contribuyen a la perversión del sistema democrático y a la merma de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En suma que cada cual se atenga a su función constitucional: Los legisladores a elaborar leyes sólidas y duraderas. Los gobernantes a aplicar esas leyes de forma igual para todos. Y la Judicatura a dictar resoluciones judiciales de acuerdo al principio de legalidad y con absoluta independencia cualesquiera que sean los afectados. 

Parecería simple pero está muy claro que, lamentablemente, no lo es.