Opinión

Pedro asciende a Begoña a «presidenta»

El presidente del Gobierno es el peor abogado que podría encontrar su esposa, y no la ayuda al afrontar conyugalmente una querella que acaba implicando a ambos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez. / EFE

Una de las citas más celebradas en los ambientes jurídicos tiene por autor al abogado Abraham Lincoln. «El acusado que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por cliente». La estupidez se extiende solo a la elección de representante legal, y no tiene por qué afectar al resto de la biografía del autodefendido. A estas alturas, queda claro que Begoña Gómez y Pedro Sánchez han asumido la defensa conjunta en la querella que en principio solo afectaba a la esposa del presidente del Gobierno que no «presidenta del Gobierno», en la entregada definición de Patxi López.

Pese a las críticas, López tiene razón en su encumbramiento. La decisión de afrontar personalmente la defensa de su esposa es muy desaconsejable políticamente para Sánchez y para la querellada. Se podría ampliar que tampoco resultará beneficiosa ante los jueces, pero hace tiempo que los tribunales españoles desatienden a las reglas de la lógica, sin llegar jamás a la exclamación que le costó una condena al jerezano Pedro Pacheco.

El presidente del Gobierno es el peor abogado que podría encontrar su esposa, ascendida a «presidenta» por López y por su marido. Pedro no ayuda a Begoña, al afrontar conyugalmente una querella que acaba implicando a ambos. Suena elemental tener que recordar que la presidencia del Gobierno posee una dimensión succionadora que absorbe todas las circunstancias del entorno. Es relativamente fácil hurtarse a esta esclavitud, basta con renunciar a una carrera política en la cumbre. Pese a las quejas periódicas sobre las servidumbres del cargo, nunca han escaseado los candidatos a La Moncloa, y sería aventurado concluir que solo los mejores han llegado a ocupar el cargo.

En algún momento habrá que referirse a los hechos. El comportamiento de Begoña Gómez al tejer sus lazos empresariales es inusual, desaconsejable y como mínimo estéticamente irresponsable en un cónyuge presidencial. La comparación con Iñaki Urdangarin es muy desafortunada para La Moncloa, porque el yernísimo se limitó a actuar según los patrones que aprendió en palacio de su suegro.

Queda claro que Sánchez no contempla con los mismos ojos las gestiones que han conducido a la querella contra su esposa, pero hasta un devoto como el propio López debe reconocer que la condición de esposo nubla la imparcialidad del análisis. Asumir un insólito y sentimentaloide «proceso de reflexión personal» (Bolaños) ante la querella de Manos Limpias, que sentó en el banquillo a Cristina de Borbón, implicaba subordinar el liderazgo estatal a una circunstancia personal. Si había un motivo que el presidente del Gobierno no podía esgrimir para suspender sus poderes, era precisamente el abordaje judicial de las gestiones de su esposa.

El rasgo inédito de la suspensión temporal de la relación de Sánchez con su país permite contemplar el desistimiento como una treta, para evitar que en el futuro sea exigida dicha responsabilidad. La nómina de familiares que han obligado a dimitir a altos cargos está nutrida, y no hace falta rastrearla en lejanas montañas. Verbigracia, Juan Guerra arrastra a su hermano y vicepresidente Alfonso Guerra, en el escándalo que estrenó el concepto de «tráfico de influencias» ahora en cuestión y que se saldó con un escueto delito fiscal.

Siempre se puede empeorar, y Sánchez agravó la situación de su mujer al entronizarla como una víctima desde la tribuna del Congreso. Las apelaciones a la profesionalidad y honradez conyugales serían solo sonrojantes, si no mediara una utilización parcial de la cima institucional de la democracia. Aunque la imputación de Begoña Gómez fuera absolutamente injusta, solo sería una entre numerosas víctimas de excesos. Ninguna de ellas puede gozar de una defensa de esta magnitud, lo cual obliga a retirarle el privilegio a todas sin excepción por ejemplo, el presidente del Gobierno no se refirió jamás en el Parlamento a la expulsión injusta de la cámara de un diputado de Podemos, que supuso una violación frontal de las normas y la normalidad democráticas.

Conviene tener presente que el esfuerzo por blindar a la nueva «presidenta» puede resultar contraproducente. Tampoco resulta eficaz denigrar a los acusadores, empezando por el sospechoso Manos Limpias. Es cierto que la práctica totalidad de los afectados de hipersensibilidad contra Begoña Gómez no se pronunciaron ante la delirante boda de la hija de Aznar en el Escorial, la mayor concentración de imputados de la historia reciente. Con todo, este absentismo intencionado en casos simétricos no redime a la actual querellada. En cuanto a quienes insisten en la falta de sustancia penal de las acusaciones contra la esposa de Sánchez, puede que gocen de erudición jurídica, pero desconocen por completo la situación actual de los tribunales españoles, donde Donald Trump sería un moderado.

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