La reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno abre un nuevo ciclo, que obliga a recalcular las posiciones de todos los actores políticos, económicos y sociales. El líder socialista ha logrado ampliar sus apoyos para un tercer mandato, tras una sesión de investidura cargada de reproches de la oposición y recados de los aliados, pero ajustada a los parámetros de la liturgia democrática bajo la férrea batuta de Francina Armengol. La legislatura arranca con el beneplácito de una gran confluencia de siete fuerzas políticas. Su amplio espectro ideológico, sus intereses heterogéneos y sus condicionantes internos -Podemos libra su batalla en Sumar, ERC y Junts, al igual que PNV y Bildu, luchan por la hegemonía en sus territorios- augura una legislatura turbulenta y de incierta durabilidad, que seguirá poniendo a prueba la resistencia de Pedro Sánchez, hasta la fecha inexpugnable. Frente a la transversalidad política de la investidura, la calle vive una gran tensión social, con manifestaciones persistentes promovidas por PP, Vox y sus entornos contra la ley de amnistía al procés. Sin duda, el asunto más espinoso de los acuerdos suscritos que, contra todo pronóstico, refuerza su internacionalización. Primero lo reclamó el independentismo catalán, luego lo asumió el PSOE al aceptar el mediador y ahora los populares de Núñez Feijóo lo elevan a Europa bajo el lema Help Spain, una parodia del sello Aidez l’Espagne que en 1936 pintó Joan Miró, el universal artista catalán que vivió en Mallorca.
Por muy legítimas que sean las protestas, muchos de los cargos del PP balear con responsabilidad de gestión consideran que hay que seguir dando batalla, pero que esa estrategia de movilización permanente en las calles tiene un horizonte finito por puro desgaste del personal y por el oxígeno que puede insuflar a la ultraderecha de Santiago Abascal. Ven imprescindible pasar pantalla para establecer un plan de oposición en Madrid y de interlocución con el nuevo ejecutivo central desde las autonomías y ayuntamientos, en su día a día. Al desarrollo de la ley de amnistía, se le antepondrán otras cuestiones de calado, como el nombramiento del nuevo Gobierno, que siempre obliga a actualizar agendas y a buscar puentes que faciliten la gestión de los temas, o la aprobación del próximo presupuesto del Estado, que deberá responder a las reclamaciones territoriales y a la ambiciosa agenda social prometida en la investidura, sin perder de vista un contexto de economías europeas estancadas e inflación. Marga Prohens ya ha trazado las líneas maestras de la agenda balear: recuperar el convenio de carreteras y el ferroviario, implantar el plus de la insularidad para los funcionarios que vengan de fuera y la aprobación del reglamento para el desarrollo fiscal del Régimen Especial Balear, entre otros temas. Muchos asuntos son recurrentes en la relación del Govern con los sucesivos gobiernos centrales desde tiempos inmemoriales. Sánchez ha prometido además abrir el melón de la financiación autonómica, caducada desde 2014. Con Balears, único territorio aportador nato junto Madrid y Cataluña a las arcas del Estado, tiene mucho que recalcular.
