Son las palabras de Javier Sáenz de Cosculluela, ex ministro con Felipe González y expresidente del grupo parlamentario socialista después de darse de baja en el PSOE tras cincuenta años de militancia a raíz de la presentación de su proposición de ley de amnistía, dirigiéndose a la comisión ejecutiva del partido: «Me causáis vergüenza». Al menos alguien como él ha sido capaz de superar el trauma de desligarse del partido con el que durante la mayor parte de su vida se ha identificado ideológica y emocionalmente. Otros, que no han dudado en señalar su discrepancia con la deriva que ha impuesto Sánchez al PSOE, como González y Guerra, no han sido capaces de dar el doloroso paso que significa situar los valores morales y democráticos por encima de las ligaduras con su propio legado personal y político, más allá del calor y del reconocimiento de la manada, para adentrarse en el terreno desconocido y lúcido de la soledad. Pero se equivocan, el juicio de la historia se lo demandará. Pero, ¿a quién le importa el juicio de la historia?
A los diputados socialistas no les deja la dirección del PSOE ni la más mínima posibilidad de apelar a la cuestión de conciencia, les amenaza con la acusación de «tránsfugas» que tal actitud comportaría. En la Constitución reside la ausencia de mandato imperativo. Los diputados ni siquiera representan los intereses de la circunscripción donde han sido elegidos, representan, cada uno, a todos los ciudadanos españoles, pero ¿a quién importa? El Parlamento seguiría funcionando igual con un diputado por partido con la representación de votos obtenidos. A ningún partido importa la opinión o el juicio de sus diputados, son una simple correa de transmisión de las decisiones tomada por sus cúpulas. Por el arte de la partitocracia, a un diputado que vota en función de su escala de valores y los compromisos electorales, se le tilda de tránsfuga si supone una desviación de las instrucciones recibidas. Ahora bien ¿qué pasa si es el propio partido el que traiciona sus compromisos y sus promesas electorales? ¿No sería, como es el caso, el partido el que incurriera en el transfuguismo, en fraude electoral? ¿No es el ejemplo de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Bolaños, Campo, Raquel Sánchez, Isabel Rodríguez, Marlaska, Iceta, Illa y tantos otros, repitiendo, para que quedara muy claro antes de las elecciones, que la amnistía era inconstitucional, nunca, nunca la habría, como nunca habría referéndum de autodeterminación? ¿No les causa ninguna incomodidad moral decir, con el énfasis que aporta la conciencia de la propia vileza, lo contrario de lo que decían hace apenas cuatro meses? ¿O es que, simplemente, son unos cínicos inmorales que nos toman a todos los ciudadanos por idiotas? Así es, con su alborotada dicción, la ministra de Hacienda en funciones no se recata en afirmar, con todo el cuajo del mundo, que las referencias a la inconstitucionalidad de la amnistía de la pléyade ministerial se referían a la iniciativa presentada por los independentistas en el año 2021. Insultan a nuestra inteligencia con un desparpajo digno de mejor causa.
El texto del proyecto de la ley de amnistía presentado por el grupo socialista incluye en su larga exposición de motivos reiteradas afirmaciones sobre la constitucionalidad de la ley. A lo que habría que responder con el refranero: dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Desde distintas zonas del periodismo político se ha señalado la mano jurídica del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido en su redacción. De ser así el escándalo sería mayúsculo. El resultado final de un recurso de inconstitucionalidad está ya escrito: ley perfectamente constitucional. Es lo que cabe esperar de la inexistencia de la separación de poderes en la composición mayoritaria del TC decidida por una sola persona, Sánchez, del que no se puede separar su condición de autócrata o tirano que, por su control de las listas electorales del PSOE y sus pactos con quienes quieren destruir el Estado, controla el Congreso de los diputados y, a su través, el TC, cuya parcialidad está descontada al contar con una mayoría de perfiles próximos de excolaboradores y algún exministro como Campo. Sólo podrá dormir tranquilo si culmina su asalto a la separación de poderes haciéndose con la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, al que se resiste panza arriba el PP, para reunir en su augusta persona todos los poderes del Estado, anulando por la vía de los hechos el Estado de Derecho y acabando con el imperio de la ley. Se está emulando a la Convención de la revolución francesa, una asamblea parlamentaria que no conoce otro poder ejecutivo, legislativo y judicial que el emanado de sí misma, sin limitación alguna, la dictadura de la mayoría.
Las tragaderas de los afiliados del PSOE y de una parte de sus votantes con la compra de los votos independentistas de ERC y Junts a cambio de la investidura ultimada con un delincuente como Puigdemont en un país extranjero están acreditadas. Son muchas deudoras del sectarismo de unos y de los beneficiose económicos del poder de otros. Las de los que desempeñan cargos públicos en el Parlamento, el Gobierno central, delegaciones del Gobierno y otras instituciones, provenientes del mundo del derecho, de la universidad, de la administración, que se sumaron a un proyecto que creyeron fundamentado en valores como la libertad, la igualdad y la justicia y que lo hicieron sin más intangibles que una indomable ansia moral de justicia y el deber de situarse en el lado bueno de la historia, lo que se entiende como la superioridad moral de la izquierda, son inexplicables. ¿Cómo digieren a un líder que proclama la adecuación o no de una ley de amnistía a la Constitución o el cumplimiento de sus compromisos electorales en función de sus necesidades de mantenerse en el poder? ¿Es así como pueden aceptar sin el menor rubor que la malhadada ley es «impecablemente constitucional»? Solamente desde un cinismo sobrevenido pueden ellos invocar la supremacía moral de la izquierda para reivindicarse frente a la derecha. ¿Qué fue de ella? Con su silencio y cobardía frente a Sánchez la envían al basurero de la historia. ¿En qué valores instruirán a sus nietos?
