La normativa estatal establece que con el Impuesto sobre el Patrimonio se pueden «pescar» peces grandes, esto es, personas físicas con un patrimonio neto superior a 700.000 euros, aplicándoles una tarifa del 0,2 al 3,5% a partir de ese mínimo exento.

Hace muchos años que el Estado cedió esa «caña» a las Comunidades Autónomas, que pueden ajustar la talla mínima de los peces a pescar (por ejemplo, Cataluña la rebajó a 500.000 euros), las tarifas, o bien establecer «reservas marinas» para los peces grandes, como Madrid, con su bonificación del 100%.

A finales del 2022 Andalucía también decidió crear una «reserva» en sus «aguas», con la intención declarada de atraer «peces grandes» y con la idea de que la pérdida recaudatoria por el Impuesto Patrimonio se compensaría con el incremento de recaudación de otros impuestos (IRPF, IVA, etc.).

Esas «reservas», en Comunidades Populares, no gustaron al Gobierno Socialista, que decidió que, si renunciaban a pescar en sus aguas con el Impuesto Patrimonio, entonces el Estado pescaría con otra caña, con el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, introducido con la Ley 38/2022 de 27 de diciembre, a aquellos «peces» con talla superior a 3.700.000 euros, aplicando una tarifa del 1,7 al 3,5% a partir de dicho importe. La intención era recaudar y, sobre todo, armonizar.

Las Comunidades con «reservas marinas» consideraron inconstitucional y más que cuestionable ese nuevo impuesto, y lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero el pasado 7 de noviembre dicho Tribunal lo ha validado, rechazando el recurso de la Comunidad de Madrid.

Por lo que respecta a Baleares, en 2015 el Gobierno socialista decidió explotar aún más sus recursos «pesqueros» con el Impuesto Patrimonio, manteniendo el mínimo exento en 700.000 euros pero incrementando las tarifas. Son innumerables los grandes peces que en los últimos años se han planteado fijar su residencia en Baleares, pero que terminan desistiendo, sobre todo para evitar ser pescados con ese impuesto, que muy pocos países exigen.

En 2023 el nuevo Gobierno Popular en Baleares pactó con Vox, poco antes de las últimas elecciones generales, la progresiva reducción del Impuesto Patrimonio hasta su total eliminación al final de la legislatura, aunque supeditado a lo que ocurriera con el nuevo Impuesto Solidaridad, confiando en que sería derogado por Feijoo si accedía al Gobierno, o bien tumbado por el Constitucional.

Ni una cosa ni otra han sucedido, por lo que no cabe duda de que las Comunidades con «reservas marinas» decidirán de inmediato, ya para 2023, volver a pescar en sus aguas con el Impuesto Patrimonio (ya lo ha anunciado Madrid), ya que de lo contrario lo hará el Estado con el Impuesto Solidaridad.

Se entiende, pues, que Baleares no haya decidido la «eliminación» del Impuesto Patrimonio, para que no sea el Estado el que explote sus «recursos pesqueros», pero si quiere cumplir su compromiso de reducirlo lo tiene fácil. Podría, por ejemplo, incrementar el mínimo exento desde 700.000 euros hasta 3.000.000 euros.

Las Comunidades pueden incrementar la talla mínima de los peces a pescar en sus aguas con el Impuesto Patrimonio, el mínimo exento, porque hasta 3.700.000 euros no los puede pescar el Estado con el Impuesto Solidaridad, y al mismo tiempo pueden modificar la tarifa aplicable a los peces que superen ese tamaño equiparándola a la del Impuesto Solidaridad, ya que de esa forma todo lo pescado (recaudado) será para la Comunidad.

Si se continúa pescando con Impuestos sobre el Patrimonio en aguas españolas no vendrán los peces más grandes, y los que viven aquí terminarán emigrando, pues tales impuestos no existen en los demás países de nuestro entorno.

Se perderá, en definitiva, mucha más recaudación por otros impuestos.