Los independentistas catalanes saben que la amnistía no se la puede dar el PSOE antes de que Pedro Sánchez obtenga la investidura; llegará después de que haya prometido el cargo de presidente del Gobierno ante el jefe del Estado, formado nuevo Ejecutivo de coalición con Sumar (precisión: los aspavientos de Yolanda Díaz anunciando que el acuerdo está lejos son gratuito cacareo) y presentado en el Congreso de los Diputados el correspondiente proyecto de Ley, o, si se desea evitar el engorro de determinados informes previos de órganos constitucionales caducados (Consejo General del Poder Judicial controlado por el PP), proposición de Ley avalada por los grupos políticos de la Cámara. De una u otra forma, procedimiento convulso, tenso, que, cuando llegue al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, será vetado con trazo grueso antes de retornar al Congreso para que se le dé carta de naturaleza y desemboque en el Tribunal Constitucional, donde será objeto de mejorable trifulca entre progresistas, mayoritarios, y conservadores. Todo muy penoso, además de posibilitar que se instale asfixiante tensión política, institucional y social. A eso parece que estamos abocados por el resultado de las elecciones del 23 de julio.
A eso, o a que los socialistas se planten ante las exigencias independentistas de que a la amnistía arribe escoltada por la convocatoria sine die del manoseado referéndum de autodeterminación con el que gesticulan los prebostes del soberanismo catalán, similar a la de los líderes de Sumar cuando dicen que el acuerdo se vislumbra lejano, o los del PNV advirtiendo que se mantendrán firmes en sus exigencias. Peculiar que los más discretos acampen en Bildu. Mucho teatrillo descontado por unos y otros. La alternativa de que el 14 de enero se tenga que volver a las urnas es opción muy lejana, nunca descartable, que se vislumbra borrosa, porque qué ventajas obtienen Junts y ERC de una repetición electoral: ninguna. Desventajas: posible mayoría (¿quimérica?) de PP y Vox. Solo el independentismo exaltado fuera de la realidad (Asamblea Nacional Catalana presidido por la señora Dolors Feliu) se apunta a semejante aquelarre. Otras elecciones, a pesar de lo que anuncian las consabidas encuestas de los medios de la derecha, que después del fiasco de las ofrecidas para las elecciones del 23 de julio, son recibidas con sorna, pueden deparar el sobresalto, para unos y otros, de un fortalecimiento del PSOE.
El momento de Pedro Sánchez se inicia acompañado por el sonoro trompeteo que anuncia la manifestación del ocho de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, tenida por «constitucionalista», usufructuada de facto por las derechas; ahí se está alistando Vox. La extrema derecha ha observado escrupuloso mutismo monacal durante los tiempos en los que Feijóo ha pugnado por su imposible investidura. Vox le ha dejado hacer obsequiándole sus 33 diputados: sabía que el fracaso era seguro. Nada perdía; sí obtenía vitola de partido comprometido con la unidad de la derecha, dispuesto a darlo todo para conseguir la derogación del sanchismo. Fracasado Feijóo, Vox aprovechará el tiempo de Sánchez para hacerse notar; la manifestación del ocho de octubre le sirve de inmejorable plataforma: estará en Barcelona con todos sus efectivos poniendo, al PP en situación muy incómoda, desairada: no le queda otra a Feijóo que hacer acto de presencia, pero solo un poquito, que se le note que está sin estar. Bendodo, uno de los nuevos metepatas de la cúpula del PP, enfatiza que el protagonista de la manifestación es la sociedad civil, que los partidos han de quedar en segundo plano. Vox le hará tanto caso que acabará por ser actor principal; Feijóo quedará concernido. Isabel Díaz Ayuso (apuesten por ello) obtendrá tanto o más tiempo en escena que la extrema derecha. En contra de muchos pronósticos, enunciados en los medios proclives, los tiempos para el PP también se anuncian recios. No será fácil para nadie, tampoco para Sánchez, que llega azacanado, moverse por los vericuetos en los que se adentran las Españas.
