La desregulación urbanística que ahora anuncia la derecha no tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda asequible como impostadamente dicen. Es otra estafa como fueron los recortes económicos y sociales que impusieron con la excusa de la crisis inmobiliaria de 2008, o la amnistía fiscal de la que se benefició hasta el entonces Rey, o la reciente chapuza de eliminación del impuesto autonómico de sucesiones. El problema de la falta de vivienda asequible viene de la acaparación en manos privadas del suelo de uso residencial clasificado como urbanizable que no se ha desarrollado por la retención especulativa realizada por sus propietarios y bendecida por las diferentes administraciones conservadoras.
El suelo urbanizable, que es la materia prima de cualquier política de vivienda, no escasea como se quiere hacer ver para, aprovechando la intensa necesidad, intentar reestablecer la medida, fracasada, de la ley del suelo de Aznar (1998), de clasificar como urbanizable sin plazos todo el suelo rústico no protegido. Por el contrario, creo preciso que, atendiendo al precepto que establece los límites de la utilización del suelo en función del interés general (art. 47 de la Constitución Española) y visto el flagrante incumplimiento de los deberes urbanísticos de los titulares de suelo calificado como residencial, sean las Administraciones Públicas las que garanticen, respetando los límites de crecimiento de la Modificación nº3 del Plan Territorial de Mallorca, la paulatina transformación del mismo y su incorporación al tejido urbano.
Algunas campanas habrá oído Jaime Martínez, alcalde de Palma y arquitecto, cuando amenazó al Estado con expropiar Son Busquets si en los primeros cien días de su mandato, ya cumplidos, no se cedían los terrenos del antiguo cuartel de artillería antiaérea a la ciudad. Era, como otros muchos, un farol. Sabía perfectamente que el Ayuntamiento no puede expropiar al Estado como se está comprobando, aunque sí puede hacerlo, ahí las bromas se acaban, a los propietarios particulares de la totalidad del suelo urbanizable de la ciudad que, al no haber cumplido, con mucho exceso, los plazos para urbanizar impuestos por el planeamiento general deberían ver cómo la administración municipal cambia, más que justificadamente, el sistema de ejecución privado vigente por el de expropiación y se inicia cuanto antes el único proceso que puede, a medio plazo, resolver el gravísimo problema existente.
En este viaje es posible la colaboración público-privada, siempre pilotada por el Ayuntamiento, con el fin de multiplicar el esfuerzo inversor y de gestión necesarios y que el resultado sea la puesta a disposición de los grupos sociales que lo necesiten, suficientes viviendas de los diferentes regímenes existentes en el marco legislativo de la vivienda protegida, entre los que no se encuentra, por cierto, las de precio tasado.
Sabe también Martínez que expropiar cuesta dinero, y mucho en el caso de Son Busquets, que es el suelo vacante de mayor edificabilidad de Palma por haber transferido allí todo el aprovechamiento urbanístico de los edificios de viviendas militares que existían en el Baluart del Príncep. Hoy, por suerte, los mastodontes que ocupaban, no hace tanto, el Baluart han desaparecido y se ha creado uno de los paseos de litoral más hermosos del Mediterráneo. (Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña arquitectos.).
Para ser creíbles deberían destinar anualmente un porcentaje (alrededor del 5%) del presupuesto de la Corporación al incremento del patrimonio público de suelo, maltrecho en Palma después de la inexplicable operación de «Nou Llevant» en la que, sobre suelo expropiado y urbanizado por el INUR para vivienda social, se han construido promociones de lujosas viviendas libres, cuando más necesaria era su contribución para paliar el grave déficit de vivienda protegida existente.
Pero esto no lo veremos. La vivienda pública no es una prioridad para la derecha como históricamente han demostrado. Lo que se avecina, con esta falsaria excusa, es una severa desregulación para incrementar el techo edificable, las alturas y el número de viviendas posibles en los solares, edificados o no, del suelo clasificado como urbano, para mayor y más rápido beneficio de los promotores inmobiliarios siempre demandantes, aunque para ello haya que rebajar las condiciones de habitabilidad y salubridad hoy vigentes hasta parámetros no fundamentados en la higiene y el bienestar mínimos de las personas sino en los dictados del mercado. Volvemos al siglo XIX.
Hace unos días me topé en la calle Conquistador con un promotor alborozado, bajaba de Cort, que, alzando eufóricamente ambos brazos, dijo : - «Ahora nos toca a nosotros»- y ante mi gesto de incomprensión añadió: -«Tenía comprado un solar para seis viviendas de 100 metros cuadrados y ahora podré hacer quince pisos de 40 metros cuadrados». Había entendido al fin el significado de la frase «defensa de la seguridad jurídica» que tanto se repite en su patronal.
