La inflamación contra Cataluña

Aznar ganó por menos de 300.000 votos las elecciones generales de 1996, y aunque Felipe González, quien tenía oportunidades de intentar mantenerse en la Moncloa, renunció a ello, no le resultó fácil al líder conservador conseguir la investidura después de haber generado una consistente enemistad con las formaciones periféricas. De cualquier modo, Aznar tuvo que humillarse ante Jordi Pujol, quien le arrancó, tras un mercadeo indecente, infinitas concesiones, que iban de un tramo del IRPF a la supresión de la figura de los ganadores civiles, pasando por la retirada de la guardia civil en la gestión del tráfico en Cataluña. Sin embargo, tras obtener mayoría absoluta en el 2000, Aznar, ensoberbecido, no ocultó su desdén hacia la Cataluña que, después de todo, le había llevado al poder.

Aquella hostilidad fue un bálsamo para ERC, que en las autonómicas de 2003, a las que ya no se presentó Pujol sino Mas al frente de CiU, pasó de 12 a 23 escaños. Se formó un tripartito PSC-ERC-ICV presidido por Maragall y basado en el Pacto del Tinell, cuya prioridad era la reforma del Estatuto de 1979 y la adopción de un nuevo sistema de financiación autonómica, todo ello con la finalidad de lograr un «encaje diferente de Cataluña en el Estado», en palabras de Saura, el líder de ICV; el pacto incluía también la exclusión de cualquier acuerdo con el PP. Durante la campaña de las autonómicas, Zapatero, todavía en la oposición, dijo que aceptaría cualquier Estatuto que saliera del Parlamento catalán, pese a lo cual, cuando el PSOE formó gobierno en 2004, Zapatero marcó unos límites y se logró un acuerdo, que fue suscrito por los Parlamentos español y catalán y aprobado en referéndum en Cataluña (18 de mayo de 2006).

Mariano Rajoy, sucesor de Aznar y líder de la oposición, publicó un beligerante artículo en ABC el 6 de febrero de 2005 titulado Una cierta idea de España, en que acusaba a Zapatero de dejarse «arrastrar» por «la voluntad de quienes no quieren saber nada de España» y manifestó su oposición a la concepción de España como «un Estado plurinacional, plurisoberano, federal, o cualquier otra variedad de estado menguante». El PP puso así en marcha una oposición frontal al Estatuto, pidió que el texto se sometiera a referéndum en todo el Estado e hizo propaganda en contra en las calles, con una beligerancia que los catalanes interpretaron como una ofensa a su nacionalidad y a su peculiaridad. El 31 de agosto de 2006, el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad, redactado por Soraya Sáenz de Santamaría y por Federico Trillo, y dirigido contra el preámbulo, 114 de los 223 artículos del texto, nueve disposiciones adicionales y tres finales. Aquel recurso estaba dirigido principalmente contra la definición de Catalunya como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial y la relación bilateral con el Estado. El PP utilizó toda clase de presiones para conseguir el apoyo del TC, que finalmente obtuvo: la sentencia declaraba 15 artículos inconstitucionales y fue lograda mediante una votación en la que hubo 8 votos a favor y dos en contra.

Aquella cerrada oposición fue el germen del procés, es decir, de una solución unilateral. Mas presentó a Rajoy una lista de demandas para conseguir un Pacto Fiscal, y el líder popular ni siquiera se avino a negociar. 2012 fue un año tormentoso de múltiples manifestaciones en Cataluña, mientras la relación entre Rajoy y la Generalitat llegaba a ser inexistente. En 2014, la Generalitat ensayó su proceso participativo, después de un intenso y estéril forcejeo ejecutivo y judicial… Y, como es sabido, el 1 de octubre de 2017, Puigdemont, sucesor de Mas, convocaba un referéndum ilegal que provocaba la aplicación del art.155 C.E.

Todo lo anterior explica que el PP casi desapareciera por un tiempo de Cataluña, aunque con el reflujo de la tensión ha vuelto a renacer discretamente. Pero es claro que con esta historia a cuestas, el PP no pasará de ser durante mucho tiempo una fuerza residual en el Principado. Quizá sea el momento de que los conservadores españoles recapaciten sobre su relación con la periferia si quieren volver a ser un partido de Estado.

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