Apenas han pasado dos meses de la investidura de Marga Prohens como presidenta de Baleares, cuando ha estallado la primera crisis política entre PP y Vox, con la lengua como elemento de tensión. Se veía venir. La creación y control de la Oficina Lingüística, dependiente del Parlament, fue la pieza de caza mayor obtenida a cambio de la abstención por la ultraderecha, empeñada en librar su particular batalla cultural y dinamitar el consenso lingüístico alcanzado en los tiempos convulsos de la transición, época de mayor amplitud de miras y transversalidad que los tiempos actuales en muchos aspectos. Prohens practicó lo que en términos futbolísticos se denomina patada para adelante. Baleares fue la única autonomía con pacto de derechas que dejó a Vox fuera del gobierno, pero con el caballo de Troya dentro, en forma de acuerdo de 110 puntos programáticos. La ultraderecha yerra no solo en el fondo, también en las formas. Presentar un texto unilateral, además de ser desleal y evidenciar falta de entendimiento entre los socios, incumple las reglas de juego a que se sometieron ambas formaciones cuando aceptaron evaluar en una comisión de seguimiento cualquier anteproyecto de ley antes de su tramitación. Presentarlo solo en castellano traiciona esa supuesta igualdad que se predica para ambas lenguas. Santiago Abascal aprieta desde Madrid, utilizando los territorios como ariete para su pervivencia, sin importarle lo más mínimo el estropicio que pueda provocar. Ha hecho bien el PP y especialmente su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, en marcar la línea roja del Estatut y en exigir la retirada «inmediata» de la iniciativa que divide y confronta. Teniendo el ejemplo de convivencia lingüística de Cañellas, quién quiere apuntarse al suicidio de hacer otro Bauzá.
Resulta paradigmático que en Baleares se reabra la batalla de la lengua la misma semana en que el Congreso normaliza el uso del catalán, el euskera y el gallego, como ya venía ocurriendo en el Senado. Con la incorporación a la Cámara, presidida por Francina Armengol, de las otras lenguas españolas de uso oficial en seis autonomías, España avanza hacia el multilingüismo institucional que practican otros países y que avala la Constitución del 78 cuando afirma que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Los socialistas se equivocaron en el pasado, cuando frenaron esta normalización que se ha acelerado por la presión de la investidura de Pedro Sánchez, y los populares se equivocan ahora, al dejar pasar la oportunidad de presentarse ante la ciudadanía como un partido útil a la convivencia entre las distintas culturas de España, frente al etnicismo españolista de Vox, que solo reconoce los derechos de una de las lenguas del Estado, el castellano. Las lenguas enriquecen, diversifican las miradas sobre el mundo, y deben ser protegidas para agrandar el entendimiento entre las personas y los territorios, no para separarlas.
