Taxi-Uber, la competencia anima el mercado

La plataforma Uber de vehículos de transporte con conductor (VTC) ha arrancado su actividad en Mallorca, con la idea de quedarse todo el año y ampliar su actual oferta de medio centenar de coches en Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor. Su irrupción, a la que podría seguir en breve Cabify, ha agitado al sector del taxi, temeroso de que este servicio, hasta el momento muy reducido y centrado en una clientela de alto poder adquisitivo, se acabe convirtiendo en un competidor que le arrebate parte del negocio. Hasta la fecha, la administración balear, como la de muchos otros territorios, ha actuado como dique de contención al desarrollo de las empresas de VTC con una legislación restrictiva que ha merecido sentencias desfavorables por chocar con el derecho comunitario. Todos los partidos, excepto Ciudadanos, respaldaron en 2019 la normativa que fija las condiciones de funcionamiento de los VTC en Balears, sometido a contratación previa del servicio, con media hora de antelación, aunque abre la puerta a que Consells y Ayuntamientos lo reduzcan a un cuarto de hora. La medida satisfacía las demandas del sector del taxi, pero el Supremo, que ya tumbó otra similar en el País Vasco, ha elevado consulta al Constitucional por posible vulneración del principio de libertad de empresa. Esta misma semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado contra otra restricción, la de otorgar una licencia de VTC por cada treinta taxis en Barcelona. La resolución sería trasladable a Balears, donde la relación es de una por cada doce. No obstante, admite la posibilidad de exigir a este tipo de vehículos otra licencia adicional a la nacional si se considerara «necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y para la protección del medio ambiente». Aunque el sector del taxi confía en que esta coletilla permitirá a las administraciones seguir conteniendo la expansión de los VTC, la justicia europea advierte que esa segunda licencia debe regirse por «criterios objetivos» y sin «arbitrariedad».

La legítima defensa de los intereses de cada uno de los sectores enfrentados no puede ser resuelto por las administraciones con normativas de parte que pierdan de vista su principal cometido, anteponer el interés general y garantizar la movilidad ciudadana. Urge revisar y actualizar el modelo vigente, incapaz de dar respuesta a la demanda existente, ni siquiera con las licencias temporales de taxi cuya implantación está por ver que llegue a tiempo con la temporada alta a la vuelta de la esquina. Una temporada que además apunta a nuevo récord. Son reiteradas las quejas de los vecinos y del sector turístico por falta de atención. Los usuarios piden más inspección para evitar el desabastecimiento de taxis por las suculentas carreras aeroportuarias que concentran a buena parte de los conductores y reclaman un servicio de movilidad personal eficiente y asequible para el ciudadano de a pie. El taxi a su vez exige controles a los VTC para que se ajusten a la ley y no operen con ventaja. El nuevo Govern tiene tarea por delante, que debe acometer con valentía para armonizar el servicio al ciudadano y la libertad de empresa.