El pasado no es solución del presente

La incendiaria intervención de Sánchez ante los parlamentarios socialistas y su reto de seis cara a cara a Feijóo obedecen a su conciencia de estar contra las cuerdas. Es un hombre desquiciado y podemizado. Sólo así se puede comprender que, emulando la alarma antifascista de Iglesias en las elecciones andaluzas, aludiera a una ola reaccionaria y trumpista tras la victoria del PP el 28 de mayo, insinuando de esta manera un posible asalto al Congreso. Un presidente demócrata no puede expresarse con tanta falta de consideración y respeto por los ciudadanos que han confiado sus votos a una opción política diferente. Calificar a sus adversarios como extrema derecha y derecha extrema significa continuar con su política divisiva, guerracivilista, con la que pretende seguir polarizando a un país en el que la mayoría se ubica en el centro político. Advirtió de que se le acusaría de pucherazo electoral y que se le querría detener. Nunca se había visto tanta irresponsabilidad. Sánchez no tiene escrúpulos, pero es que ni siquiera tiene principios. La hemeroteca le desnuda. En 2014 quería suprimir el ministerio de defensa, organizar funerales de Estado para las víctimas de delitos de género y acabar con el nombramiento de los jueces por parte de los políticos. Cuando fue elegido en la moción de censura a Rajoy dijo que convocaría elecciones inmediatamente; lo hizo un año más tarde, obligado, porque ERC votó contra los presupuestos. Quería debates con Rajoy como exigencia democrática en 2016 y se negó a hacerlos con Casado en 2019 si no era con Abascal, que no tenía representación parlamentaria. Ese mismo año, antes de las elecciones, afirmaba que los acontecimientos de Cataluña no eran sedición sino rebelión; que no habría indultos para los condenados del procés, que no pactaría con Podemos ni con ERC, que no pactaría con EH Bildu. Indultó, pactó con todos ellos, eliminó el delito de sedición, redujo las penas de malversación a los golpistas e hizo suyas y del Gobierno leyes alocadas impulsadas por Unidas Podemos como la del ‘solo sí es sí’ o la ley Trans. Atacó la separación de poderes y confeccionó un Tribunal Constitucional a su medida. Se rindió ante Marruecos por el Sáhara, al margen de su propio Gobierno, el Congreso y sus aliados, como un auténtico autócrata; nos enteramos por una revelación de Mohamed VI. Ni ideología ni principios morales atesora; sus instrumentos son la demagogia populista, la mentira y la vulneración de cuanto compromiso haya adquirido, todo lo que sea preciso en su enfermizo afán de poder.

Cuando Sánchez califica a PP y Vox como derecha extrema y extrema derecha miente, sólo acierta parcialmente al decir que «son una misma cosa», porque Vox procede realmente de una escisión del PP como consecuencia de la indolencia y le incapacidad de Rajoy para atajar el golpismo de los nacionalistas catalanes. Fueron los hechos de 2017 en Cataluña los que propiciaron el auge de Vox. Y comparar el supuesto extremismo de Vox con el de EH Bildu es una equidistancia estúpida; Abascal era militante del PP en el País Vasco amenazado de muerte por ETA. Vox representa el nacionalismo español, mientras el PP intenta ubicarse en el espacio de centro derecha. Si el PP llega a pactos con Vox será por necesidad impuesta por los resultados electorales y por el anclaje del PSOE en la extrema izquierda, haciendo suyos los posicionamientos de Podemos. El sueño húmedo del PP es el acuerdo institucional con «otro PSOE», incluso el acuerdo de «gran coalición» reivindicado años atrás y despreciado por el PSOE. De momento, «otro PSOE» no existe.

Éste es el presente al que nos ha conducido Sánchez. Feijóo ha avanzado algunas ideas sobre lo que piensa hacer en caso de ganar las elecciones del 23 de julio en sus primeros 100 días de Gobierno. Se compromete a «derogar el sanchismo» como avanzó en la campaña del 28M. El anuncio comprende la derogación de la ley de Memoria Democrática, la ley Trans, ajustes en la ley Celáa de Educación y en la de la Eutanasia. Así mismo se compromete a recuperar el delito de sedición, despolitizar instituciones del Estado como el CIS, CNI, Fiscalía General del Estado y el INE; también reforzar la separación de poderes con una ley que posibilite la elección por los jueces de 12 de los 20 vocales del CGPJ, un compromiso de Rajoy, que incumplió. Llama la atención que no se haya incluido en ese programa inmediato ninguna medida dirigida a acabar de inmediato con el fenómeno de la okupación, que atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 33 de la Constitución y afecta a las clases populares (los ricos tienen seguridad privada) y propietarios extranjeros, provocando una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho, que hunde nuestra reputación internacional.

Es de esperar que antes de las elecciones explicite su proyecto para la totalidad de la legislatura. «Derogar el sanchismo» no puede ser aliciente suficiente para muchos electores. Los ciudadanos esperan concreciones y no divagaciones respecto al futuro. No basta derogar el sanchismo, hacerlo no es suficiente para incentivar el apoyo a Feijóo, que tiene que ofrecer un proyecto político que vaya más allá del intento de volver a la situación previa a Sánchez. Sánchez arranca con el cuestionamiento de la Transición por Zapatero y el cultivo del resentimiento de la Guerra Civil. Volver al pasado no es la solución para los problemas del presente. La deriva de Zapatero culminada por Sánchez es consecuencia de los problemas constitucionales. Si sólo se deroga a Sánchez, los defectos de la Constitución, entre ellos, además del título VIII, una insuficiencia de la separación de poderes, la inviolabilidad del Rey, figura la circunscripción electoral provincial y el sistema electoral proporcional que, junto a la ley electoral, conceden el poder absoluto a las cúpulas de los partidos políticos, convierten el sistema en una oligarquía que pastorea a un sinfín de profesionales de la política y coloniza el Estado, y no una verdadera democracia, donde el poder reside en la ciudadanía. No existe un pasado feliz del bipartidismo al que haya que volver. Mientras los ciudadanos no puedan votar directamente a sus alcaldes, a sus diputados como en el Reino Unido, o directamente a su presidente, como en Francia, seguiremos sometidos a esta oligarquía partidaria y a una degradación institucional como la que vivimos. Ni una palabra de Feijóo sobre tan crucial cuestión.

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