Como el sector del taxi se autorregula, según declara orgulloso el Ayuntamiento de Palma, un tercio de la flota se salta la normativa municipal y trabaja en exclusiva en el aeropuerto, dejando a los ciudadanos y visitantes de la ciudad sin servicio público, con las paradas más céntricas vacías en horas punta y obligando a los usuarios a perder más de una hora al teléfono para solicitar un vehículo. Sí, he dicho teléfono, el sector del taxi, tan protegido por las administraciones públicas contra la implantación de Uber o Cabify en la isla, pese al deficiente servicio que presta durante la temporada turística, sigue funcionando como en 1978, sin una aplicación que permita reservar un vehículo de forma cómoda y rápida y, sobre todo, localizar la posición de los coches que están trabajando.
Los taxistas han mostrado interés por solucionar el conflicto que han sufrido en el aeropuerto de Palma con los microbuses contratados por viajeros, entre los que se colaban taxis pirata que de forma ilegal captaban al vuelo a turistas nada más aterrizar. Pero ninguno para solucionar el mal servicio que prestan en la ciudad y la escasez de vehículos en el casco urbano, lo que muchas veces hace desear al ciudadano desesperado que Uber y Cabify se instalen en Palma por la vía de urgencia, solo para encontrar una alternativa eficiente.
Y la administración, pese a la nefasta experiencia del verano pasado y su promesa de soluciones, se ha vuelto a quedar de brazos cruzados, sin tomar las decisiones valientes que exigía el sector turístico para solucionar la carencia de vehículos y la saturación de los autobuses interurbanos, ni avanzar en la regulación y la unificación del servicio del taxi. Y eso que la apuesta de Govern y Ayuntamiento es la progresiva eliminación del vehículo privado de la ciudad. Se ve que no hay urgencia por solucionar un problema que se cronifica.
