Expolio al compromiso
Hace treinta y cuatro años, seis artistas de primer nivel se involucraron en defensa de la preservación de sa Canova de Artà, una amplia área de costa virgen amenazada por una macro urbanización, con dos puertos deportivos, campo de golf e incluso clínica, que impulsó el tardofranquismo sin éxito y que se pretendía reactivar al calor del desarrollismo de los ochenta. El felanitxer Miquel Barceló se implicó en la campaña contra el proyecto y logró la colaboración de José Manuel Broto, Javier Mariscal, Miguel Ángel Campano y José María Sicilia, además de Antoni Tàpies, con quien contactó el escritor y amigo Biel Mesquida. Los originales se vendieron a la UIB y los fondos no fueron a parar a los artistas, que los donaron altruistamente, sino que sirvieron para contratar a un abogado experto en derecho internacional que asesoró al Ayuntamiento para frenar la construcción, según rememoraba el exalcalde de Artà, Miquel Pastor, en un gran reportaje publicado en 2021 por Bartomeu Noguera en este diario. «La implicación del rector Nadal Batle fue fundamental, y todos salimos ganando, nosotros recaudamos fondos y la universidad tiene ahora unas piezas de enorme valor», contaba el munícipe. Su explicación colisiona con la información trasladada ahora por la universidad, desde donde se matiza que, cuando tuvo lugar la entrega hace ya 34 años, los diarios hablaron erróneamente de adquisición. Los testimonios de los protagonistas y el rastreo de las actas y las cuentas del ayuntamiento de Artà y de la UIB podrán aclarar los términos de una operación que nos retrotrae a un tiempo negro en las cuentas universitarias, cuando se invirtieron puntas de tesorería en la fallida Brokerval, un escándalo financiero que lastró el legado de Nadal Batle.
El macroproyecto urbanístico no prosperó, pero la mayor parte de las obras de arte que contribuyeron a su paralización se han esfumado. En el campus sólo se conservan las aportaciones de Manzano y de Tàpies, que preside la sala del consejo de dirección. No sólo se han perdido activos de gran valor artístico, sino que se han expoliado bienes que simbolizan el compromiso con la preservación del territorio y forman parte de la memoria de la lucha ecologista. La UIB ha extraviado un legado de enorme valor económico, patrimonial y social que, como institución pública, es propiedad de todos. Sorprende que durante 34 años nadie en el campus, ni siquiera el departamento que vela por el patrimonio de la institución académica, hubiera detectado la falta, y que haya tenido que ser Barceló, haciendo su propio inventario, quien haya hecho saltar las alarmas. Ha actuado bien el rector Jaume Carot al denunciar los hechos y mejor todavía la propietaria de la obra de Barceló que tenía previsto subastarla y que, al tener conocimiento de lo ocurrido, se ha comprometido a devolver el original a la universidad sin pedir nada a cambio, pese a haber pagado diez mil euros a una galería palmesana. ¿Quién lo llevó allí? Otro hilo del que tirar para aclarar un nuevo episodio de expolio de patrimonio público por falta de control institucional y de escrúpulos de personas que deben ser identificadas y pagar por ello.
